La Justicia investiga las acciones del Ayuntamiento de Barcelona por la gestión municipal.

La coordinadora vecinal Airenet ha confirmado a Servimedia que última los trámites y el escrito para personarse en la causa judicial abierta por presuntos delitos ecológicos contra la incineradora de residuos de Sant Adrià de Besòs, gestionada por la empresa pública Tersa y cuyo presidente es el concejal, Eloi Badia. 

Hay que recordar que esta entidad vecinal representa a asociaciones y entidades de los municipios de Badalona, Sant Adriá del Besòs y Barcelona.

La presidenta de Airenet, Silvina Frucella, ha explicado que están "muy contentos con el inicio de la investigación por parte del juez ya que así no somos sólo nosotros los que decimos que Tersa ha estado cometiendo delitos ambientales, sino que ahora pasa a ser investigada tras la denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente, al considerar que atenta contra nuestra salud y contra los recursos naturales. Solo buscamos que se haga justicia".

Además, Silvina Frucella considera que "Tersa no es la incineradora de Sant Martí o de Sant Adrià, sino la que contamina toda el área metropolitana de Barcelona. No dejaremos de exigir que se condene a los responsables”. Airenet iniciará pronto una campaña para recaudar fondos para poder asumir los costes del desarrollo del proceso judicial.

El juzgado de Instrucción número 5 de Badalona  está investigando a la incineradora de Sant Adrià de Besòs tras una denuncia presentada a finales de marzo por la Fiscalía y que ha sido admitida a trámite. El juzgado de Badalona ha abierto una causa tras la iniciativa del fiscal, que denunció la presunta comisión de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente en relación con el funcionamiento de esta incineradora, que gestiona la empresa pública Tersa.

Eloi Badia y sus "delitos ecológicos" en el Área Metropolitana de Barcelona

El juez ha solicitado diversa documentación que se espera  esté disponible en 4 o 5 semanas y que se entiende servirá para hacer avanzar las diligencias de investigación.

Cabe recordar que a raíz de la denuncia vecinal de AireNet a la Fiscalía en el 2018, la presidencia de Tersa (Janet Sanz) encargó un informe al Col·legi d’Enginyers de Catalunya para diagnosticar la situación de la planta.  En sus conclusiones se señaló (2019) que las emisiones de la incineradora “están holgadamente por debajo de los límites impuestos”; mientras, la plataforma vecinal Airenet ha aportado evidencias de que inspecciones y revisiones se han hecho con aviso previo a la planta, que se adecuaba para minimizarlas (aumentando el flojo de carbón activo usado como filtro).

El informe del Col·legi d’Enginyers reclamó que se impidiera de verdad la entrada de nuevos residuos en el horno si estos no alcanzan suficiente temperatura. Asimismo, pidió que mejorara el ensamblaje de la manguera de descarga de las cenizas a la boca del camión cisterna.

Barcelona no "gana vida": Continúa la investigación judicial sobre la incineradora que Colau prometió cerrar en 2015

La denuncia de la Fiscalía que está estudiando el juzgado de Badalona se presentó en marzo pasado tras otra denuncia que en 2018 formuló la coordinadora vecinal Airenet, que sostenía que la incineradora estaba funcionando de forma irregular. 

La iniciativa del Ministerio Público señalaba como posibles responsables del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente que se habría cometido al presidente de Tersa y concejal de Emergencia Climática y Transición Ecológica de Barcelona, Eloi Badia, y al jefe de explotación de la empresa.

El fiscal señalaba en su escrito ante el juzgado que el “mal funcionamiento” de la incineradora, de acuerdo con “informes publicados en revistas científicas”, estaría generando “unos niveles de emisión de contaminantes, especialmente dioxinas y furanos, muy elevados, lo cual suponía un grave riesgo para el medio ambiente y la salud de las personas” que habitan en las proximidades de la planta.

Airenet considera que hay estudios de la Universidad Rovira i Virgili (URV) de Tarragona que demuestran que los niveles de dioxinas emitidos por esta incineradora son más elevados en su entorno que en calles con alta circulación de coches, que también emiten estos compuestos.

AIRENET ACUSA A LOS CONCEJALES DE COLAU DE PASIBIDAD

El Gobierno de Colau con Janez Sanz y Eloi Badia /Foto Archivo EP.

Frucella también critica la pasividad del Ayuntamiento de Barcelona y de quienes han presidido Tersa -ahora, Badia y, antes, la concejal de Movilidad de Barcelona, Janet Sanz-, a los que ha acusado de escudarse en un estudio encargado por la Agencia de Salud Pública de Barcelona que consideran incompleto porque no tiene todos los datos ni las consecuencias en la salud de los ciudadanos que viven alrededor de la Incineradora. “Tersa es una empresa tramposa que sólo se porta bien cuando la fiscalizan", ha indicado.

La presidenta de Airenet espera que la Generalitat "colabore en la causa judicial porque fiscalizó a Tersa y tiene datos que aportar. Espero que defienda a los ciudadanos y asuma sus responsabilidades, ya que es la encargada de controlar que se cumpla la normativa", ha dicho Frucella.

UNA COMUNIDAD DE VECINOS DE GRACIA TAMBIÉN  LLEVA A LOS TRIBUNALES A ELOI BADIA

Según ha publicado este miércoles El País, además una comunidad de vecinos de Gràcia, el distrito de Barcelona que dirige Eloi Badia, le ha llevado a los tribunales por haber cedido "dedocráticamente" y de forma "presuntamente ilegal", un local okupado a una asociación juvenil que ha causado infinidad de conflictos de convivencia con sus vecinos.

Por eso Badia, concejal del equipo de gobierno de Ada Colau, tendrá que declarar como investigado ante el juez acusado por presunta malversación y prevaricación.  En un auto el titular del juzgado de instrucción número 27 de Barcelona, Francesc Paulí, ha citado a declarar a Badia y a otros cuatro cargos municipales por esta denuncia vecinal.

Eloi Badia, concejal del Distrito de Gràcia, ‘desaparecido’ durante los disturbios

La querella se dirige contra responsables del distrito de Gràcia y del Instituto Municipal de Vivienda por un convenio de cesión de usos firmado, en septiembre de 2017 y renovado en varias ocasiones, entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Associació de Joves de Gràcia. El local, la antigua comisaría de Policía de Lesseps, es de titularidad municipal y en la denuncia se afirma que  acuerdo con la ley, la adjudicación de un bien de esas características debe hacerse mediante subasta o concurso, pero nunca de forma directa. Pese a todo el concejal Eloi Badia firmó la propuesta de acuerdo y la elevó a la Comisión de Gobierno del consistorio.

La tesis de los vecinos es que el Ayuntamiento había decidido de antemano que ese local iba a ser cedido a las personas que ya lo okupaban desde hacía dos años. El texto recuerda que, en 2016 -un año antes de la cesión- el Ayuntamiento hizo trabajos de acondicionamiento del local para actividades. “La voluntad decisoria estaba torcida de inicio”, recoge la querella admitida a trámite por el juez. Si se eludieron los controles fue con fines “exclusivamente políticos e ideológicos afines a los del equipo municipal de gobierno y en perjuicio del erario público” además de que el Consistorio y la entidad pactaron el pago de un alquiler social anual de 550 euros, del que “no hay constancia de que haya sido abonado”, según la querella.

La querella acusa al Ayuntamiento de no controlar la actividad del Casal Popular Tres Lliris, nombre con el que es conocido popularmente el local que gestiona la asociación donde se han producido inumerables "noches sin poder dormir por botellones, ruidos, jolgorio y fiestas” que no acabaron, dicen, ni con el confinamiento provocado por la pandemia. Cientos de llamadas a la Guardia Urbana, denuncias ante la Sindicatura de Greuges de Barcelona, solicitudes de información mediante transparencia pública... 

Los vecinos describen en su querella sus esfuerzos por buscar una solución y denuncian que han topado contra un muro.  Y desesperados, los vecinos llevaron el caso a la Fiscalía de Barcelona, que archivó la investigación en diciembre de 2020 por falta de indicios de delito. 

En aquellas fechas, sin embargo, los vecinos no habían podido acceder aún a los detalles del contrato de cesión debido a las trabas municipales. La Fiscalía ha asumido esa tesis porque, preguntada por el juez, se ha pronunciado a favor de admitir a trámite la querella. 

Por ello el magistrado ha ordenado que se tome declaración a los cargos municipales, entre ellos, Eloi Badia,, pero también que se escuche el testimonio de los afectados y que se incorpore a la causa toda la documentación sobre el caso.

El concejal Eloi Badia continúa ignorando y censurando a las Asociaciones de Vecinos barcelonesas

16 ASOCIACIONES DE VECINOS DE BARCELONA PIDIERON LA DIMISIÓN DE ELOI BADIA

La guerra entre el polémico concejal de Colau y las asociaciones vecinales lleva ya demasiado tiempo enquistada. 

Tanto que en marzo del 2021 hasta 16 asociaciones de vecinos de Barcelona pidieron la dimisión de Badia, a quien acusan de incumplir "los compromisos que adquirió con la ciudadanía cuando cogió el acta de regidor" además de tildar de "nefasta" su gestión.

El comunicado estaba firmado por la Asociación de Vecinos Gracia NordVallcarca; Asociación de Comerciantes de Vallcarca; Asociación de Vecinos Vallcarca-Penitents; Asociación de Vecinos Vallcarca-Baró de la Barre; Asociación Grupo de Estudios Coll-Vallcarca; Asociación de Vecinos Pro-Vallcarca; Asociación de Vecinos Amigos del Bosque Turull; Movimiento Diagonal Mar; Asociación de Vecinos Front Marítim de Barcelona; Asociación de Vecinos Diagonal Mar; Coordinadora Vecinal Metropolitana Airenet; Plataforma Stop Tanatori-Sants Montjuïc; Asociación de Vecinos y Vecinas del Barrio del Besòs; Asociación de Vecinos y Vecinas Barrio del Maresme y Asociación ZonaForum.

La actitud de  Badia no ha cambiado pese a que estamos ya en época preelectoral para las elecciones municipales de mayo de 2023.  En el Barrio de Gràcia el concejal sigue teniendo fama de "poco trabajador" por decirlo de forma amable. 

Seguiremos informando...