El informe del fiscal Horrach descarta el fraude fiscal de la Infanta porque no era administradora

 

El informe que ha aportado el fiscal anticorrupción Pedro Horrach en el primer día de sesión del juicio del caso Nóos destaca que, como en el caso de la Infanta Cristina, los socios no administradores no pueden asumir responsabilidades penales por el mero hecho de ser socios de una empresa utilizada para defraudar a Hacienda.

 

El dictamen, elaborado por la jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra Hacienda, Caridad Gómez, señala que esto se extiende tanto a los casos de fraudes cometidos por empresas en relación al IVA o al Impuesto de Sociedades, como a los incumplimientos derivados de declarar en este último impuesto rendimientos que una persona debería haber tributado en su declaración del IRPF.

Es lo que sucede, ha alegado Horrach al presentar el informe durante la fase de cuestiones previas, con la actuación del marido de la Infanta, Iñaki Urdangarin, al frente de la sociedad Aizoon -de la que es copropietario al 50 por ciento junto a su mujer-: utilizó esta empresa como "pantalla" al facturar a través de la misma retribuciones procedentes de entidades privadas por su condición de consejero asesor que debía haber declarado en su IRPF.

EL TRIBUNAL ADMITE LOS INFORMES 

El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares, encargado de juzgar a la Infanta Cristina y a los otros 17 acusados del caso Nóos, ha admitido como prueba en la vista oral el informe entregado por el fiscal anticorrupción Pedro Horrach para reforzar sus tesis sobre la hermana del Rey Felipe VI, así como el aportado por la defensa de ésta.

La Sala ha reanudado el juicio, tras un receso de dos horas, a las 21.30 horas para decidir sobre las nuevas diligencias propuestas por las partes en esta primera jornada y, entre otras, ha declarado pertinente como prueba el dictamen entregado por Horrach y elaborado por la jefa de la Unidad Central de Coordinación en materia de Delitos contra Hacienda, Caridad Gómez, sobre el papel de los socios no administradores de empresas utilizadas para defraudar, como habría sucedido en el caso de la Infanta con la sociedad Aizoon.

Del mismo modo, el tribunal también ha admitido el informe aportado por el abogado de la Infanta, Jesús María Silva, que rebajaría en 50.000 euros el total de 587.413 que ya abonó la hermana del Rey a petición de Anticorrupción en concepto de participación en los fondos supuestamente defraudados por su marido, Iñaki Urdangarin.