El CNJC pide al Gobierno que se replantee la aplicación del certificado de antecedentes sexuales

 

El Consell Nacional de la Joventut de Catalunya (CNJC) --que representa a 91 entidades-- ha pedido hoy al Gobierno central un replanteamiento de la norma para solicitar el certificado de antecedentes por delitos sexuales, al considerar que "no tiene en cuenta el asociacionismo juvenil". 

En un comunicado, ha considerado que la obligación de presentar a la empresa el certificado de antecedentes "vulnera la intimidad y la protección de datos" de las personas que optan a un puesto de trabajo, y que puede entrar en conflicto con la oportunidad de reinserción de personas que han cometido delitos leves.

Ha afirmado que las entidades tienen la obligatoriedad de pedir a sus miembros que soliciten el certificado y tenerlo en posesión durante todo el periodo transitorio, y "traslada toda la responsabilidad a entidades y asociaciones".

Ha remarcado que en el ámbito asociativo provoca una gran carga burocrática, y ha reprochado que el hecho de que solo haya una oficina en toda Catalunya para solicitar el certificado genere largas colas.

El CNJC ha solicitado al Gobierno central el replanteamiento de la ley y su aplicación, teniendo en cuenta la diversidad del ámbito de aplicación de la medida y la realidad del asociacionismo juvenil, y en su defecto que el Ministerio de Justicia acelere los procesos de creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales.

Ha solicitado también al Estado la exención de medidas transitorias para entidades juveniles y la proposición de una solución operativa a esta situación que se repite en toda España.

El consejo ha reclamado a la Generalitat que considere como válida una declaración jurada de los miembros de las entidades en las que se especifique que no tienen antecedentes hasta que no se cree el registro central.

"COMPLICACIONES ADMINISTRATIVAS"

También ha pedido al Govern que solicite al Gobierno central el replanteamiento de la medida y su aplicación, y que dé respuesta a las "complicaciones administrativas e incongruencias legales" que genera la aplicación transitoria de la medida.

La ley prevé la creación de un Registro Central de Delincuentes Sexuales, que todavía no está en funcionamiento, por lo que el certificado tiene que ser expedido por el registro central de antecedentes penales.