La CUP quiere que el Govern retire ya la concesión de ATLL a Acciona
La CUP considera que después del informe presentado por Antifraude sobre la gestión de Acciona en Aguas Ter Llobregat (ATLL), la Generalitat tienen suficientes argumentos para quitarle la concesión a la empresa Acciona.
Catalunya Press.- Este martes, la Oficina Antifraude de Catalunya presentó un informe en el que se indica cómo el Grupo Acciona habría desviado más de 13 millones de euros a través de un mecanismo de facturas cruzadas. El documento fue envido a la Agencia Tributaria, a la Fiscalía y a la propia Generalitat.
La CUP considera que después del informe presentado por Antifraude sobre la gestión de Acciona en Aguas Ter Llobregat (ATLL), la Generalitat tienen suficientes argumentos para quitarle la concesión a la empresa Acciona. Y así lo ha manifestado en unas declaraciones a Catalunya Press el diputado de la CUP Sergi Saladié, quien se muestra contundente sobre las acciones que debe adoptar la Generalitat sobre este tema y se muestra extrañado por la falta de control que la Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha tenido sobre esta concesión.
“La Generalitat siempre nos había dicho que esperaba la ‘sentencia judicial’ para tomar una decisión sobre la ATLL, por eso estábamos esperando que ésta llegara, pero el informe de Antifraude está más que argumentado para que de forma inmediata se le quite la concesión”, ha declarado Saladié. Además ha confirmado que la última semana de este mes comparecerá el conseller de Territori Josep Rull para dar explicaciones sobre el tema, pero sigue insistiendo en que es necesario quitarle la concesión de inmediatoa a Acciona.
La CUP ha registrado este jueves en el Parlament la petición de comparecencia del conseller de Cultura y exconseller de Territorio, Santi Vila, y del actual titular de Territorio, Josep Rull, en la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad para que "den explicaciones" tras el informe de Antifrau.
También, solicitan la presencia de la directora general del Área de Control de infraestructuras Aigua i Serveis de Acciona, Olga Corella; del administrador de Acciona, Vicente Santamaría, y del director de la Agencia Catalana de l'Aigua (ACA), Jordi Agustí.
En la misma línea, Ciudadanos ha reclamado este jueves la comparecencia en el Parlament del vicepresidente y conseller de Economía, Oriol Junqueras; el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull; el conseller de Cultura y exconseller de Territorio, Santi Vila, y los exconsellers Lluís Recoder y Andreu Mas-Colell.
DIFERENTES IRREGULARIDADES
Entre las irregularidades que detalla el informe, destaca que el representante de la Generalitat, el gerente de la Agencia Catalana del Agua (ACA), no estuvo presente en casi la mitad de las reuniones del Consejo de Administración. Joan Pinyol -- en la actualidad responsable de medio ambiente en el Àrea Metropolitana de Barcelona por indicación de ICV - representó al Govern hasta abril de 2014, momento en el que fue sustituido por Diego Moxó, director del Àrea de Gestió del Medi del ACA.
La Generalitat sigue insistiendo en mantener la concesión de ATLL a Acciona, hasta que no haya sentencia firme. Rull sigue las directrices de sus antecesores de mantener el contrato mientras que el Tribunal Supremo no se pronuncie sobre el recurso presentado por la Generalitat y Acciona sobre irregularidades en el concurso público contra las sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
El Govern conocía las irregularidades a través de una auditoría encargada por el ACA a raíz de unas preguntas formuladas por la CUP en el Parlament, en septiembre de 2014. La CUP no tiene la intención de darle más tregua a la generalitat y quiere que ATLL vuelva a la ACA
La Agencia Tributaria no actuará si no existe fraude fiscal, ya que la existencia de irregularidades en la adjudicación de un contrato público no implica éste necesariamente. Por su parte, la Fiscalía todavía no ha remitido ninguna demanda al TSJC.
Cabe destacar que no es la primera vez que alguna filial de Acciona se ve envuelta en algún tipo de problema jurídico. El Gobierno de Perú inhabilitó a una filial de Acciona, Acciona Infraestructuras Sucursal de Perú, para la firma de contratos con el Estado al presentado “documentación falsa o información inexacta” en una licitación pública. Fuentes de Acciona se han puesto en contacto con este periódico para comunicar que esta inhabilitación ha sido levantada.
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