Firmado el acuerdo que garantiza el 'sí' en la investidura de Sánchez
Habemus pacto. Tras varias semanas de negociación, Pedro Sánchez y Albert Rivera han presentado y firmado su acuerdo en el Congreso. En él, se aprueba la reforma de la Constitución y se rechaza tajantemente un referéndum en Catalunya.
Habemus pacto. Tras varias semanas de negociación, Pedro Sánchez y Albert Rivera han presentado y firmado su acuerdo en el Congreso. En él, se aprueba la reforma de la Constitución y se rechaza tajantemente un referéndum en Catalunya.
Ambas formaciones firman este ‘Acuerdo para un Gobierno reformista y de progreso’, que contiene siete capítulos y que pone el foco en diferentes temas como el impulso de un nuevo modelo de crecimiento que sea inclusivo, que respete el medio ambiente y que se base en la productividad. El pacto contempla también la estabilidad presupuestaria y un sistema fiscal justo para la próxima legislatura.
Uno de los puntos más importantes de este acuerdo se centra en la reforma de la Constitución, “para asegurar eficazmente los derechos sociales y completar el funcionamiento federal de la organización territorial de nuestro Estado”.
REFORMA CONSTITUCIONAL
En concreto, defienden que la Carta Magna "dejó abierto" el modelo territorial, por lo que ahora "hay que regular constitucionalmente lo que en 1978 se quedó sin precisar, actualizando y relegitimando" el modelo para "mejorar la convivencia entre españoles".
Y Ciudadanos acepta la apuesta del PSOE por el federalismo, ya que se comprometen a revisar el Título VIII de la Constitución para "desarrollar el concepto de Estado federal", tal y como proponían los socialistas.
En cuanto al referéndum de Cataluña, ambas formaciones acuerdan "oponerse a todo intento de convocar un referéndum con el objetivo de impulsar la autodeterminación de cualquier territorio de España".
Por lo que se refiere al modelo de Estado al que quieren avanzar, además de hablar de desarrollar el "concepto de Estado federal", al hablar de la revisión del Título VIII de la Carta Magna aseguran que quieren "incorporar las denominaciones de las comunidades y ciudades autónomas" y "garantizar la igualdad de trato de todos los españoles, sea cual sea su comunidad de origen o residencia".
El procedimiento para la reforma constitucional se ajusta a lo previsto por el PSOE en el documento que envió el 8 de febrero a todas las fuerzas políticas. Así, los firmantes se comprometen a crear, en el plazo de un mes, una subcomisión para la reforma de la Carta Magna en el seno de la Comisión Constitucional del Congreso.
Su función será la de proceder, durante un período de seis meses, a sesiones de audiencia que posteriormente permitan la presentación de un acuerdo sobre el "perímetro" pactado de la reforma. Al finalizar los trabajos de la Subcomisión, se procederá al nombramiento de una Ponencia Constitucional para que pueda iniciar la redacción de un proyecto a inicios del año 2017.
REFORMA DEL SENADO
La idea de Ciudadanos y el PSOE es que la Cámara Alta se convierta en una "estricta cámara territorial con una composición máxima de 100 miembros" --actualmente son 266-- y "con funciones vinculadas con la articulación y cohesión de la estructura territorial del Estado".
Entre esas funciones figurarían la determinación del sistema de financiación autonómica, los planes estatales de infraestructuras de transporte o la determinación de niveles comunes en los grandes servicios públicos.
Si, una vez aprobada la reforma de la Carta Magna, no se ha conseguido realizar esa transformación en cámara territorial, los socialistas y C's se comprometen a "abogar por su supresión como cámara de segunda lectura".
Asimismo, ambos partidos defenderán que se revise el Título VIII de la Constitución para "suprimir los preceptos ya obsoletos; incorporar las denominaciones de las comunidades autónomas y ciudades autónomas; garantizar la igualdad de trato de todos los españoles, sea cual sea su comunidad de origen o residencia".
También quieren "determinar con precisión las competencias del Estado y las de las comunidades autónomas y la incidencia en las mismas de los hechos diferenciales reconocidos en la Constitución", así como "establecer los principios del sistema de financiación autonómica", que son "autonomía, coordinación, suficiencia y solidaridad, en los términos interpretados por el Tribunal Constitucional".
Además, abogarán por "establecer los instrumentos de cooperación; definir el alcance del principio de lealtad constitucional; y determinar el papel y la responsabilidad del Estado y de las comunidades autónomas en relación con la pertenencia de España a la Unión Europea". Igualmente, pretenden incorporar "el 'hecho' Unión Europea al ordenamiento constitucional".
MODIFICACIÓN DE LA LEY ELECTORAL
También proponen revisar las bases del sistema electoral, con remisión de su concreción a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), una norma que para ser modificada requerirá una mayoría de tres quintos. Para constituir la ponencia que reformaría la LOREG en aquellos aspectos que no precisen cambios en la Constitución, fijan un plazo de seis meses.
Entre esas bases, PSOE y Ciudadanos plantean medidas para "incrementar la proporcionalidad, desbloquear las listas, facilitar el voto a las personas con discapacidad y posibilitar formas de voto electrónico".
Puedes leer el documento completo aquí.
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