La CUP pedirá al Govern que rechace la reforma laboral aprobada por PP y CiU

 

La CUP presentará en el pleno extraordinario sobre Pobreza de este miércoles 15 propuestas de resolución. Entre ellas estará que el Govern adapte un posicionamiento claro contra la reforma laboral aprobada por el PP en el 2012 y que, de todos los grupos parlamentarios, solo contó con el apoyo de CiU.

Además, también pedirá que el equipo de Puigdemont tome medidas fiscales para incrementar el nivel de ingresos y que se ordene a los Mossos d'Esquadra que no ejecuten desahucios.

En el documento que recoge las 15 propuestas, que han adelantado que "en principio" no prevén presentarlas conjuntamente con ningún otro grupo, destacan las críticas a la reforma laboral que aprobó el actual Gobierno en funciones y facilitó CDC --entonces con Unió-- con quien mantiene un acuerdo de Govern.

Entre las medidas impositivas, destaca el incremento de medidas fiscales y mejora de las existentes como el impuesto de sucesiones, el impuesto de patrimonio y el tramo autonómico del IRPF "entre otros", para permitir un incremento de los niveles de ingresos y garantizar una mayor progresividad en el sistema.

Otra de las propuestas de resolución que llevarán al pleno tiene en cuenta los desahucios, y recuerda que el Cuerpo de Mossos d'Esquadra tiene que garantizar sobre todo la protección de las personas y la defensa de sus derechos, "entre ellos el de vivienda".

"Propondremos la retirada del Cuerpo de Mossos d'Esquadra de todas las acciones de desahucio a realizar en el territorio catalán", especifican.

IMPAGO DE LA DEUDA ILEGÍTIMA

Destaca la petición de una auditoría de la deuda de la Generalitat en el apartado en el que desgrana que con ella confían en que se pueda identificar que parte de esa deuda es ilegítima y "por tanto, poder considerar su impago".

Asimismo, califican de prioritario que le Govern impulse la renegociación de todas las financiaciones estructuradas, separando los pagos que compensan un servicio --inversión y mantenimiento-- de aquellas que constituyen un pago excesivo respecto al tipo de interés y a las tasas de inflación actuales.

Además, quieren crear una herramienta de regulación pública del precio del suelo que esté "apoyada por una ley que proteja el uso y la conservación del suelo agrario y forestal y que obligue a activar la función social y ecológica de la tierra y la proteja ante los procesos urbanísticos, la construcción de infraestructuras, la sobre explotación y las malas prácticas agrarias".

ACCESO A LA VIVIENDA

Para hacer efectivo el derecho a la vivienda, proponen continuar avanzando en el despliegue de la ley de medias urgentes para afrontar la emergencia en la vivienda y la pobreza energética, y garantizar su aplicación urgente.

Que se admita de forma clara el artículo que propone amparar a las familias en situación de riesgo de exclusión social que sufran procesos de desahucio en precario cuando los propietarios de las viviendas sean grandes tenedores.

Proponen duplicar las ayudas que reciben las entidades sociales que incorporan pisos de la Red de Vivienda de Inclusión que pasarían de 1.200 euros anuales a 2.400 y convertir la cesión temporal de pisos de la Sareb a la Generalitat en una apropiación y cesión en régimen de uso o derecho de superficie.

BECAS COMEDOR

Pretenden establecer nuevos criterios de acceso a las becas comedor para que cada curso los baremos que se acuerden aseguren el acceso a aquellas familias con ingresos inferiores al umbral de riesgo de pobreza calculado anualmente por el Idescat a partir de la encuesta.

Además, propone una cartera básica de sanidad pública para menores de edad que incluya todos los elementos necesarios para el ejercicio efectivo de los derechos a la salud, en particular, de todos los derechos de los menores en general.