El servicio jurídico del Área Metropolitana de Barcelona pone contra las cuerdas a Ada Colau

CatalunyaPress.- Existe un informe jurídico interno en manos del gerente del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) en el que se justifica por qué se debe recurrir ante el Tribunal Supremo la anulación de la empresa mixta Aigües de Barcelona, decretada por el TSJC. Y es que los servicios jurídicos están facultados para defender ante la justicia a esta empresa como se acordó en un pleno de la AMB hace dos años. Por eso Ada Colau tiene que expresar por escrito al departamento jurídico de la AMB que no recurra tal sentencia.

Fuentes jurídicas de total solvencia consultadas por CatalunyaPress afirman que no tener en cuenta este informe jurídico interno y no recurrir ante el TS podría suponer para los políticos que tomen esa decisión un delito por presunta prevaricación. Tal hecho, explicaría la actitud de prudencia absoluta ante los medios de comunicación del actual alcalde de Cornellá y Vicepresidente de la AMB, Antoni Balmón, sobre el tema, quién incluso se ha manifestado en total desacuerdo con la actitud beligerante de la también vicepresidenta de la AMB, Janet Sanz.

La situación se asemeja mucho a la ya vivida al comienzo de la llamada guerra del Agua de la ATLL donde los políticos desoyeron el informe del responsable por aquel entonces de la OARCC, Joan Antoni Gallo, quien discrepó de la Generalitat y dio la razón a AGBAR que luego confirmarían los Tribunales en sucesivas sentencias y que está a punto de concluir con , precisamente una nueva sentencia del Supremo, que se presume anulará el concurso y dejará en una situación muy desairada y casi de ruina económica al Govern de la Generalitat.

El servicio jurídico de la AMB, y así lo han confirmado a CatalunyaPress el gabinete de prensa de la AMB, está obligado por decisión de pleno a defender a dicha empresa mixta, ya que en ningún otro pleno de esta entidad metropolitana se ha acordado políticamente no hacerlo, ni existe hasta el momento, ninguna orden explícita por escrito en sentido contrario.

Es el gerente de este organismo público o bien su presidenta, Ada Colau quienes tienen la facultad de remitir tales ordenes formales a los juristas de la AMB y han de hacerlo, en breve, ya que el 1 de abril expira el plazo de recurso ante el Tribunal Supremo sobre la decisión del TSJC. El lio ya es público y no vale que solo AGBAR sea la recurrente ante el Alto Tribunal, sino que Ada Colau no puede hacer dejación de sus responsabilidades ahora por razones jurídicas.

Por si fuera poco la Teniente de Alcalde, Janet Sanz, ha admitido sin tapujos ante los medios que “la decisión de no ir al Supremo es política”, una posición que en la jurisprudencia administrativa los expertos consideran una verdadera barbaridad. Pese a lo cual, los abogados de la AMB defienden en su informe que se presente el recurso ante el TS puesto que este puede retirarse en cualquier momento y de esta manera se podría empezar a elaborar el informe del impacto económico para que el pleno de la AMB puede tomar una decisión política en firme. Pleno en el que, por cierto socialistas y convergentes disfrutan de una holgada mayoría, algo que parece olvidar la alcaldesa de Barcelona.