Volkswagen coaccionó al Ministerio de Industria por el caso ‘Diéselgate’

 

Volkswagen presionó al ministro de Industria en funciones, José Manuel Soria, para que levantara la suspensión cautelar contra los coches trucados en lo que se conoce como el ‘Diéselgate’, el fraude en las emisiones de la multinacional alemana.

Francisco García Sanz, vicepresidente mundial de Volkswagen, amenazó a Soria con retirar inversiones en España. Cuatro semanas después de la medida cautelar, el Ministerio retiró la medida a la mitad de los coches antes afectados.

Según informa el diario ‘El Español’, García Sanz exigió a Soria que el Gobierno pusiese por escrito los compromisos que iba a asumir con la automovilística a cambio de que el Grupo Volkswagen confirmase que seguiría adelante con el plan de inversiones para las plantas de la compañía en España.

Unas inversiones presentadas y fijadas en mayo de 2015. Sin embargo, el vicepresidente del Grupo Volkswagen dio a entender al Ministro que la empresa se lo estaba pensando mejor y que tomaría una decisión según la actuación, favorable o no, del Ministerio de Industria.

En la misiva fechada a 9 de octubre de 2015, García Sanz exige a Soria que retire la medida cautelar:

“Queda bien entendido que, también como convenido, por parte de tu Ministerio se procederá de inmediato a la cancelación de la orden de suspensión de los coches fin de serie con motores EA189 diésel EU5, ya que su mantenimiento supone graves perjuicios para la industria de la automoción en España, sobre todo a la vista de que tal orden es del todo insólita en los más de 70 mercados en los que estamos presentes”.

INVERSIONES EN EL AIRE

En cruce de cartas entre el Vicepresidente de VW y el ministro Soria comenzó el 23 de septiembre de 2015, a raíz de que la Agencia de Protección Ambiental (EPA) diese a conocer el fraude. El titular de Industria le muestra su preocupación por el asunto y le solicita información sobre el alcance del problema “y de manera específica su impacto en España”.

La preocupación de Soria se basa en que el Ministerio de Industria había homologado los coches con motores trucados –al igual que otros países--. Cinco días después el Ministerio decretaba la medida cautelar declaraba nulas las autorizaciones fin de serie dados a los vehículos del Grupo (Seat, Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche y AG), o sea, que impedía seguir vendiendo ese stock de fábrica.

La medida sentó mal al grupo y el tono pasó a ser beligerante con el Ministerio. VW empezó a presionar a Soria para hacerle ver las inversiones del grupo en España peligraban. Así, Industria rebajó a la mitad la medida cautelar. Además, el Ministerio le ofrece 50 millones de euros en diferentes ayudas para demostrar a VW “la máxima colaboración del Ministerio”.

LA OCU LO CONSIDERA INACEPTABLE

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha mostrado su total rechazo. La organización estima que “estas presiones y condiciones para con la legislación son inaceptables pues el cumplimiento de la legislación vigente y la protección de los consumidores no deben ser en absoluto negociables. Ante este tipo de presiones la respuesta de las autoridades debe ser rotunda, rechazando la imposición de condiciones por parte de quien ha reconocido el incumplimiento de sus obligaciones. OCU opina que se debe exigir al grupo Volkswagen la reparación inmediata de los vehículos afectados”.

Además, la OCU recuerda que “sigue sin haber ningún tipo de respuesta por parte de Volkswagen ni a la cuestión de la reparación ni a la de la compensación a los consumidores". Por eso, anima a todos los afectados a unirse a la demanda colectiva para exigir estas últimas a través de su página Movilízate”.