Barcelona no se personará en la causa contra Garganté por coacción

 

El primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, ha informado que el Gobierno municipal considera que "no hay razones" para personarse en el juicio contra el concejal de la CUP Josep Garganté por presuntas coacciones a un médico para que modificara un informe sobre las lesiones a un 'mantero' con el fin de atribuirlas a una agresión de la Guardia Urbana.

Lo ha dicho en una Comisión extraordinaria sobre el caso, a la que no ha asistido la alcaldesa, Ada Colau, donde ha asegurado que todos los indicios que tiene el consistorio es que no se ha producido una vulneración de la intimidad del 'mantero' cuando se le realizó el parte médico en el centro sanitario Perecamps, y ha asegurado que la Guardia Urbana hizo "lo que tenía que hacer" cuando puso en conocimiento de la justicia el caso cuando vio que se había producido una posible infracción.

Pisarello ha insistido en que se debe proteger a la ciudadanía; preservar el buen nombre de la Urbana y no instrumentalizarla, y no criminalizar a los 'manteros': "No permitiremos una causa general contra un cuerpo que desarrolla un trabajo para la sociedad", ha asegurado.

Garganté ha insistido en que lo que hicieron tanto él como el representante del colectivo 'Tras la manta' fue pedir al médico que volviera a visitar al herido sin presencia policial, y ha dicho: "A todos los que exigen mi dimisión, decirles que cualquiera de nuestros compañeros habría actuado de la misma manera. Cualquier persona que defienda la privacidad entre médico y paciente habría hecho lo mismo. No pasaréis, pasaremos nosotros".

Tras sostener que el 'mantero' fue visitado acompañado por un agente pese a que no estaba detenido, ha preguntado la razón por la que no se ha incluido en las diligencias una queja de una vecina y del herido sobre este hecho que asegura que fue presentada el mismo día en el centro, y ha aseverado que "ha llegado la hora de acabar con la opacidad, la impunidad y los abusos de autoridad de algunos agentes de la Urbana. De momento, todo continúa igual".

ACTITUD "SOSPECHOSA" DEL GOBIERNO

El portavoz del grupo municipal de CiU en el Ayuntamiento, Joaquim Forn, ha señalado que encuentra "sospechosa" la actitud y el silencio del Gobierno municipal ante este situación, y ha alertado de que el Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (Comb) ha informado en un comunicado que el 'mantero' estuvo a solas con el doctor.

La líder de C's en el consistorio, Carina Mejías, ha aseverado que ha llegado el momento de exigir responsabilidades políticas a los que han "fomentado el desorden" en Barcelona y a los que se han aprovechado políticamente de la situación, y ha criticado que el Gobierno de Colau tiene una curiosa manera de defender a los servicios públicos cuando desautoriza a la Urbana y no apoya al médico presuntamente coaccionado, según ella.

La portavoz socialista, Carmen Andrés, ha coincidido en defender a la Guardia Urbana y ha criticado a los que parten de una "visión reduccionista que intencionadamente dice que es represiva o represora", a lo que ha agregado que el Gobierno municipal debe garantizar que la función pública mantenga su presunción de legalidad y buena fe y que la condición de concejal se tiene siempre y no a ratos, en sus palabras.

EVITAR JUICIOS PARALELOS 

Jordi Coronas (ERC) ha rechazado hacer juicios paralelos -ha criticado que grupos lo hacen cuando habitualmente defienden la presunción de inocencia- y ha expresado su apoyo a la Guardia Urbana siempre que actúe correctamente, como considera que es el caso, tras lo que ha añadido: "Hay quienes piden dimisiones en función del color político. No lo hacen para la senador Rita Barberà ni con el ministro Soria, que finalmente ha renunciado".

La popular Àngels Esteller ha exigido que el Ayuntamiento apoye a la Guardia Urbana ante casos que considera que pretenden desautorizar y desprestigiar la acción del cuerpo policial, tras lo que ha insistido: "La alcaldesa debe hablar, debe pronunciarse, debe comparecer, y debe personarse en esta causa".

UGT Y SAPOL SÍ SE PERSONAN COMO ACUSACIÓN POPULAR 

El miembro de UGT Eugenio Zambrano ha asegurado que el sindicato y también el Sapol se han personado como acusación popular en el caso de presuntas coacciones del edil de la CUP Josep Garganté a un médico del centro Perecamps.

"Nos hemos presentado como acusación popular porque defendemos a la Guardia Urbana y los servicios de sanidad", ha destacado Zambrano en declaraciones a los periodistas, tras lo que ha resaltado que UGT ha pedido la inhabilitación de Garganté en ejercicios de cargo público.

Ha señalado que han pedido a la alcaldesa, Ada Colau, que el Ayuntamiento se persone en el procedimiento como acusación particular, y ha agregado: "Para defender los servicios públicos, la alcaldesa debe recordar que en ella reside el principio de autoridad, que se está menoscabando".

"Entrar en este juego de instrumentalizar a la policía en el debate político es un error tremendo, porque quien sale perjudicado es el ciudadano", ha aseverado Zambrano, que ha advertido de que la Guardia Urbana debe tener garantizado el principio de seguridad jurídica.

Avisa de que, "si no está garantizado el apoyo de la alcaldesa y del Ayuntamiento, el principio de seguridad jurídica se ve vulnerado", y ha dicho que, después de una fase en la que hubo agresiones de 'manteros' hacia agentes y otra en la que hubo coacciones, ahora se fabrican pruebas falsas para incriminar a policías, en sus palabras.

Ha asegurado que la Guardia Urbana es la primera interesada de que se aclaren malas prácticas si se producen, y ha criticado que "inventar pruebas falsas para incriminar a compañeros" pueda ser un mecanismo de la nueva política, cuando defendía regenerarla porque veía malas prácticas en la vieja política.