Barcelona garantiza su compromiso con la ley de pobreza energética

El Ayuntamiento instará al Gobierno en funciones a no recurrir.

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Plenobcn

 


El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este viernes una propuesta de ERC para garantizar su compromiso con la ley catalana de pobreza energética con el apoyo de todos los grupos excepto el rechazdo de C's y PP.


Esta ley ha sido recurrida en parte al Tribunal Constitucional (TC) por el Gobierno central en funciones.


En un pleno celebrado mientras el Consejo de Ministros aprobaba recurrir en parte la ley, Alfred Bosch (ERC) ha defendido que el consistorio instará al Gobierno en funciones a no recurrir y a que, si hay recurso, inste al próximo Ejecutivo central a retirar el recurso, para dejar que las instituciones catalanas ejerzan su "soberanía".


La teniente de alcalde de Derechos Sociales, Laia Ortiz, ha asegurado que utilizarán esta ley como una herramienta "fundamental", que aplicarán la ley y redactarán medidas para ayudar a evitar la pobreza energética.


Maite Fandos (CiU) ha asegurado que esta ley significa un antes y un después en Catalunya, y Carmen Andrés (PSC) ha asegurado que la actitud del Gobierno en funciones es "vergonzosa", mientras que Maria Rovira (CUP) ha pedido trabajar sin miedo para hacer efectivo el acceso a la vivienda y los suministros.


Koldo Blanco (C's) ha criticado que la proposición de Bosch pretende "deslegitimar" las instituciones democráticas, aunque ha defendido aplicar la ley catalana de pobreza energética, y Javier Mulleras (PP) ha dicho que no se debería recurrir contra el contenido de la ley pero sí ha alegado motivos competenciales para ello.


PERSONAS SIN HOGAR


El pleno ha aprobado por unanimidad una propuesta de C's para impulsar un plan de acción inmediata en coordinación con la Generalitat para dar cobertura a las personas en situación de marginalidad.


Carina Mejías (C's) ha pedido que el Gobierno municipal presente en tres meses un plan de actuación que incluya los mecanismos de detección, intervención y prevención para asistir a las personas en riesgo de exclusión social, como las personas sin techo y los menores tutelados por las administraciones y que están en riesgo de exclusión social, entre otros.


Ortiz ha asegurado que la atención a estos colectivos es una prioridad para su gobierno; Fandos (CiU) ha dichos que hace falta impulsar el plan de acción inmediata, y Montserrat Benedí (ERC) ha pedido combatir el estereotipo de los vagabundos y hacer una "profunda reflexión" sobre los modelos de atención social y sus debilidades.


Carmen Andrés (PSC) ha subrayado que se debe avanzar en mejorar el diagnóstico y la sistematización de datos para mejorar el servicio que se ofrece a estos colectivos; Àngels Esteller (PP) ha alertado de que el consistorio debe tener en cuenta los recursos con que cuenta para este plan, y Maria Rovira (CUP) ha pedido que las políticas que se impulsen se alejen de un asistencialismo que suponga "el paternalismo y la infantilización" de este colectivo.

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