Aprobada la ampliación del protocolo de abusos sexuales, basado en la prevención

La Generalitat ha aprobado este martes la ampliación del protocolo de actuación de prevención, detección, notificación, derivación y coordinación de las situaciones de maltrato infantil y adolescente y abusos en el ámbito educativo que "subraya" la vertiente preventiva.

En rueda de prensa tras el Consell Executiu, la portavoz del Govern, Neus Munté, ha afirmado que la revisión se debe al tiempo transcurrido del texto, firmado entre las Consellerias de Enseñanza y Bienestar Social y Familia --actual Trabajo, Asuntos Sociales y Familias-- en 2012, y de los "últimos casos" sucedidos, que aconsejaban sustituirlo por un nuevo marco de actuación.

La Generalitat ha considerado que los centros educativos son un "espacio clave" donde realizar una labor preventiva y de detección de las situaciones de riesgo para niños y adolescentes y de los posibles malos tratos que se puedan producir.

Enseñanza y Trabajo, Asuntos Sociales y Familias establecen unos mecanismos de derivación y de coordinación y unos circuitos administrativos y técnicos ágiles entre el ámbito educativo y el de protección de menores, en la detección y notificación de situaciones de maltrato o abuso sexual, así como establecer unos circuitos de derivación que se tienen que activar para la protección efectiva.

El protocolo incluye novedades en la clarificación y ampliación del ámbito sobre el que recae y en la introducción de elementos preventivos para trabajar con menores en el ámbito escolar.

La revisión incluye la integración de la globalidad de la intervención relativa a los maltratos a menores y no solo aquella que produce una situación de desprotección, y el protocolo recae en cualquiera de las formas de maltrato, ya sea físico, sexual, psíquico o emocional, en el ámbito familiar o institucional y sea producido por un adulto u otro menor.

El protocolo persigue prevenir desde los centros educativos el abuso sexual u otras formas de maltrato; detectar las situaciones de abuso sexual o maltrato; asegurar las funciones de atención y protección a los menores; garantizar la comunicación y notificación de posibles maltratos; posibilitar la activación de recursos; mejorar la derivación y coordinación entre las diferentes instituciones, y garantizar el derecho de los menores a recibir la atención y protección que requiera.