Colau cumple y ordena el cierre del CIE de la Zona Franca

El Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau al frente, ha ordenado el cese de actividad del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona. Así lo ha informado BComú el miércoles por la noche en una serie de apuntes en redes sociales.

El consistorio argumenta que el centro no cuenta con una licencia de actividad y que no cumple con las normas de seguridad contra incendios, ha publicado 'El Periódico de Catalunya'.

Fuentes del Ayuntamiento de Barcelona han asegurado a Europa Press que trabajaban "en la manera" de emitir la orden de cierre de la instalación, que cerró provisionalmente el 5 de noviembre para realizar unas obras de remodelación y que todavía no ha abierto.

El teniente de alcalde Jaume Asens, en un apunte en Twitter, ha asegurado que este jueves se anunciará el cierre: "Estos agujeros negros no caben en una #BCNCiudaddeDerechos".

En otro apunte, la también teniente de alcalde Janet Sanz ha mostrado su "orgullo inmenso" por la orden de cierre de la instalación.

BComú también ha publicado una serie de apuntes en el que se asegura que el Ayuntamiento ha utilizado una "rendija legal", pero que para la clausura definitiva se necesitará seguir luchando.

El diputado electo al Congreso de EnComúPodem Xavier Domènech también ha expresado su alegría a través de la red social: "Una grandísima noticia que hace que muchas cosas valgan la pena. Gracias, gracias por recuperarnos la dignidad".

ACTIVISTAS CELEBRAN LA MEDIDA

La plataforma Tanquem els CIE ha celebrado la "actuación coherente" del Gobierno municipal de Ada Colau al ordenar el cese de actividad del polémico Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona.

En un comunicado este jueves, la plataforma ha recordado que el consistorio de la capital catalana ya se había posicionado en contra del CIE, como también lo hizo el Parlament, por lo que ha dicho alegrarse de que "no se quede en una declaración simbólica y haya actos concretos".

Ha agradecido que las administraciones públicas "asuman su obligación de defender los derechos humanos como una prioridad y usen todos los medios que tienen a su alcance para impedir que se vulneren".

En ese sentido, ha señalado que aunque el Ayuntamiento impide su apertura por no cumplir los requisitos de licencia de actividad, "sobre todo no puede abrir porque es un lugar donde se criminaliza a las personas migradas y se las priva de libertad".

"Es una institución racista y la punta de lanza de un sistema de deportaciones que empieza con las batidas policiales racistas y acaba con los vuelos de la vergüenza", ha manifestado la plataforma.