Facua quiere representar a 1.600 afectados en la querella contra Volkswagen

 

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno tiene pendiente de resolver la petición de personación realizada por la asociación de consumidores Facua en representación de más de 1.600 personas afectadas por la manipulación de determinados motores diésel de Volkswagen AG que investiga este órgano.

El juez imputa indiciariamente a la matriz alemana de la compañía delitos de defraudación que causan perjuicio a una generalidad de personas, fraude de subvenciones y contra el medio ambiente.

Fuentes de la organización de consumidores han señalado que pretenden ejercer la dirección letrada en representación de las más de 1.600 personas que así se lo han solicitado, si bien el número de afectados que tienen interés en personarse en la causa sube día a día. Se les piden 90 euros para formar parte de este grupo.

Facua creó una plataforma de afectados cuando se descubrió el escándalo de la que forman parte más de 40.000 personas, según fuentes de la organización, que señalan que se trata de la mayor de Europa.

También han realizado reclamaciones ante organismos de consumo y han logrado que tanto Andalucía como Castilla-La Mancha hayan incoado sendos expedientes sancionadores contra el consorcio automovilístico.

APUESTA POR LA VÍA JUDICIAL

Consideran, no obstante, que la vía propicia para la consecución de una reparación material es la judicial, y por ello quieren ser parte del procedimiento abierto por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2.

La querella que tramita el juez Moreno fue presentada por el Sindicato Manos Limpias y por la Asociación Internacional Antifraude para la Defensa de Afectados por Motores Volkswagen, y se centra en la presunta manipulación de determinados motores diésel de 4 cilindros.

El trucaje se pudo realizarse, según investiga el magistrado, con la instalación de un programa informático que detecta cuándo un vehículo se encuentra en un banco de pruebas, al objeto de reducir sus emisiones contaminantes dentro de los parámetros exigidos por la normativa medioambiental.

Una vez analizados los hechos y haciendo constar que el grupo Volkswagen ha reconocido públicamente esos hechos y la adopción de medidas para solucionar el problema, el juez considera que procede investigar estas conductas porque pueden constituir los delitos antes mencionados.