Traca -¿final?- de la Banca Privada de Andorra

Este viernes el Diario de Andorra nos despertaba con una sorpresa: la batlle (jueza) Canòlic Mingorance ha llamado a declarar como inculpados, los hermanos Higini y Ramon Cierco, propietarios del 80% de la antigua e intervenida Banca Privada d'Andorra (BPA). La acusación es del supuesto delito de "blanqueo de dinero o valores, cometido con habitualidad, en el marco de un establecimiento bancario y en grupo organizado».

La sorpresa es que algunos -quizás muchos- teníamos la sospecha -por contraste con el encarcelamiento (que continúa) del ex director general y consejero general de la BPA, Juan Pablo Miquel-, que los poderosos accionistas mayoritarios de la entidad financiera intervenida se estaban beneficiando, y así continuarían, del criterio aplicado por el fiscal del caso Noos con la infanta española: la ignorancia de lo que hacían por su cuenta, en este caso, no familares, sino empleados. Ya se ha visto que no, y parecería una buena señal de limpieza -¿hay añadir valor? - De la autora de la convocatoria a Ramon Cierco el próximo día 27, y el hermano Higini el 28, en ambos casos a las tres de la tarde. Limpieza y coherencia de la alcalde extensible al sistema judicial del Principado pirenaico y al Gobierno.

Porque apenas dos días antes el ejecutivo había ejercido una acción como afectado contra los directivos de BPA ya acusados en los procedimientos conocidos por supuestos blanqueos de capitales de grupos mafiosos de China, Rusia y Venezuela. El Gobierno ya estaba personado en la debido como actor civil, pero desde el miércoles ya lo está también penalmente. Mingorance ha admitido a trámite la querella que el Gobierno había presentado el pasado martes dentro del caso BPA. El ejecutivo ha querellado contra Juan Pablo Miguel, Luis Pablo Laplana Moraes, Cristina Lozano Bonet, X. M. G.,  Mauricio Escribano Sánchez, Di Lin Lim, Sergi Fernández género, Santiago de Roselló Piera, Francisco Javier Campos Tomás, Isabel Camino Sarmiento Fuertes, Luis César Jayme García y Amaya de Santiago Bullich.

Hay que decir, como aclaración complementario, que el gabinete presidido por Antoni Martí tiene como ministro de Finanzas -responsable directo de las actuaciones en el caso- Jordi Cinca, últimamente perseguido por unos papeles de Panamá y unas actividades plenamente legales, como excutiu de otro banco y de una empresa de tratamiento de metales preciosos (Fundora), que desarrolló dentro de sus obligaciones proessionals bastantes años antes de acceder al ministerio y cuando estas actividades eran plenamente legítimas desde el punto de vista judicial no sólo a una Andorra penalmet relajada, sino en casi todo el mundo occidental. Puede no ser tan casual la campaña contra Cinca, a la vez con exigencia de dimisión del partido opositor que tiene como líder tradicional uno de los abogados de los hermanos Cierco y, ampliada al conjunto de Andorra y el Diario de referencia en el país en particular, por diversos medios catalanes y españoles, sobre todo de los ámbitos audiovisual y virtual.

La noticia sobre la acción gubernamentales continúa: «Precisamente el ejecutivo había incluido en la querella la petición que tuvieran que declarar los hermanos Cierco en el marco de esta causa. En la petición del ejecutivo no se especificaba si tenían que hacerlo como testigos o como inculpados. Finalmente la edil ha optado por la segunda opción. El ejecutivo pedía también en el texto que se procese a los doce ex gestores o ex directivos del banco contra los que la querella y "en su caso de los declarantes Higini y Ramon Cierco". Entre las peticiones del Ejecutivo también se incluía que tenga lugar un "embargo preventivo de los bienes de los querellados sobre los que todavía no se haya aplicado ninguna medida cautelar y, en su caso, de los declarantes Higini y Ramon Cierco Noguer". Y, por último, también se añadía que la alcalde debería determinar cuál es "la situación procesal de los querellados, y en sueño caso, los declarantes Higini y Ramon Cierco Noguer".

El caso es que la jueza Mingorance se apresuró a decidir y aceptar los máximos de la petición del ejecutivo; para empezar, con las declaraciones de los máximos propietarios de la banca intervenida a título de inculpados, y no de testigos. La situación que antes se conocía en el conjunto del Estado español como de inculpados, y ahora de «investigados».

Los movimientos judiciales de otras partes se acumulan. Días antes, los hermanos Cierco habían presentado una querella propia contra los excutius de su propia empresa financiera, por si fracasan definitivamente los intentos contra el gobierno andorrano y las instituciones paragovernamentals AREB e Instituto de Finanzas (INAF) donde reclaman más de 370 millones en concepto de daños y perjuicios, como ya fracasaron los intentos de recurso en Estados Unidos contra las medidas del finca, del departamento del tesoro norteamericano, con las que comenzó toda la tormenta.

Por su parte, la defensa de Juan Pablo Miguel, al que quedan un máximo de cuatro meses para cumplir el plazo máximo establecido de prisión preventiva, vista la decisión inmóvil de la Alcaldía de denegarle la libertad, ha presentado como alternativa la petición que cavnïin la medida cautelar a la figura de arresto domiciliario.

Los otros ex directivos incluidos en la querella gubernamental han reaccionado en el acto, con una declaración periodística donde aplican aquello de «y tú, más», al considerar que el Gobierno «se ceba con ciertas personas (ellos) de las que« no se ha respetado la presunción de inocencia ", mientras hay« ex directivos que ahora tienen cargos en Vall Banco oa instituciones del Estado que no figuran ».

Finalmente, aunque con casi un mes de retraso, y coincidiendo en el mismo día de tanta noticia, el fondo norteamericano JC Flowers ha formalizado la adquisición de este Valle Banco, que ha acogido los Captal «limpios» de la antigua BPA y que fueron adjudicatarios en el concurso público conovocat. Han pagado los 29 millions de euros del primer plazo y ya han llamado los nuevos máximos responsables, en sustitución de los provisionales del AREB: Michael Christner es el nuevo presidente y Christoph Lieber el consejero delegado, todo relevante César Goyache y Fernando Vázquez.

Parecería que ha comenzado a retumbar la traca final del caso BPA y el consecuente estruendo que han sufrido -aunque están patint- los más diversos sectores de la vida andorrana, empezando por el sistema financiero. Pero todavía falta para que Valle Banco recupere la parte de actividad normal que le falta, y quizás aún más para que se resuelvan todos los litigios judiciales hasta la segunda -aquí última- instancia ordinaria y quién sabe si también hasta Estrasburgo. O sea que el fuego que ha avanzado todavía está lluy de llegar al último -y estas alturas imprevisible- trueno.