Ribó insta a Comín a acabar con la exclusión sanitaria de niños inmigrantes en Catalunya

 

CatalunyaPress.- En Catalunya todavía hay niños extranjeros que sufren una serie de "osbtáculos" burocráticos para acceder al sistema sanitario. Según la oenegé SOS Racisme y la plataforma una Atención Sanitaria Universal en Catalunya (Pasucat), "casos en que se solicita a los menores acreditaciones que no tienen y que la normativa no requiere".

Es por eso que el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, apremió la semana pasada a la Conselleria de Salud para que acabe, de una vez por todas, con estas trabas. La ley estatal, impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, que eliminó en 2012 el acceso universal a la sanidad (pues ligó el derecho a la asistencia al estar asegurado el Instituto Nacional de la Seguridad Social), dejó fuera del sistema a las personas en situación irregular, excepto en tres casos: urgencias, mujeres embarazadas y menores de edad.

Y aunque Catalunya flexibilizó esta normativa, las entidades sociales siguen alertando de que todavía existen casos de exclusión sanitaria por culpa de la condición de empadronamiento. Se trata de un documento complicado de conseguir para los más vulnerables, que no pueden acreditar dónde viven porque están en una casa subarrendada, okupada, en la calle o incluso en una chavola.

Sin embargo, el conseller de Salud, Toni Comín, ha dicho que su deparamento mantendrá la condición del padrón para "evitar el turismo sanitario". El conseller ignora o parece ignorar que la mayoría de los inmigrantes que llegan a España en busca de una vida mejor hacen un uso muy minoritario del sistema sanitario. Comín se ha comprometido a desplegar una Ley propia de acceso universal de la que recelan las entidades sociales, ya que consideran que la barrera del padrón deja, de entrada, a mucha gente fuera.

Por su parte, el Síndic ha pedido a Salud que cree una campaña informativa que subraye el derecho de todos los niños a la sanidad. "Las interpretaciones erróneas de las leyes y las recomendaciones e instrucciones de Salud han comportado malas prácticas administrativas", denunció.

Ribó también instó al Departamento a poner en marcha "mecanismos de control y penalización respecto del incumplimiento" de los derechos de los menores. "En caso de que no se haya garantizado la atención o se haya facturado o cobrado servicios garantizados por el sistema de salud, la Administración ha de aplicar las medidas oportunas", indicó.