El Gobierno pide al TC que evalúe la responsabilidad penal de Forcadell

 

La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido al Tribunal Constitucional (TC) que analice si la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, incurrió en responsabilidades penales al permitir la votación y aprobación de la resolución sobre la "desconexión" de Catalunya.

El TC se reunirá el próximo lunes en un pleno extraordinario donde se examinará y resolverá la petición de la Abogacía del Estado. 

Esta petición se enmarca dentro del incidente de ejecución que el Gobierno ha pedido a la Abogacía del Estado que presente ante el Tribunal Constitucional por la resolución aprobada esta semana por el Parlament, que pide que sea declarada nula y suspendida de forma "inmediata".

Tras la reunión del Consejo de Ministros, Santamaría ha explicado que la actuación del Gobierno busca la nulidad y suspensión de la resolución del Parlament, un requerimiento personal a Forcadell y el resto de miembros de la Mesa de la Cámara para que se abstengan de realizar cualquier iniciativa relacionada con esa resolución y que el TC deduzca testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que pudiera corresponder a Forcadell por incumplir el mandato del Alto Tribunal.

DESOBEDIENCIA CON RESPONSABILIDADES PENALES

A juicio del Gobierno, siguiendo con el informe elaborado por la Abogacía del Estado, Forcadell desobedeció una sentencia del Tribunal Constitucional de diciembre de 2015 al incluir en el orden del día del Pleno del Parlament la votación de la resolución de "desconexión", que había sido declarada inconstitucional y nula.

Por ello, emplaza al tribunal a "deducir testimonio de particulares" para exigir las responsabilidades penales que pudieran corresponder a la presidenta del Parlament, lo que en la práctica supone que el tribunal remita a la Fiscalía el conjunto de actuaciones desarrolladas por Forcadell para que, "en su caso", se pueda proceder penalmente contra ella.

"Se ha vulnerado una decisión judicial y entendemos que tenemos que pedir al Tribunal Constitucional que, a la vista de esa actuación, la remita a la Fiscalía", ha explicado la vicepresidenta, que cree que Forcadell pudo "incurrir en delito" al incluir en el orden del día el debate y votación de la resolución de "desconexión".

AVISO A PUIGDEMONT Y SUS CONSEJEROS

Por otra parte, el incidente de ejecución de sentencia interpuesto por la Abogacía del Estado también pide al Tribunal Constitucional que emplace a una serie de responsables públicos catalanes que se abstengan de realizar cualquier actuación que pueda incumplir sus sentencias y avanzar en la resolución de "desconexión".

Y les avise de que, en caso de desobedecer, podrían tener que hacer frente a multas entre los 3.000 y los 30.000 euros, la suspensión de sus funciones durante el tiempo necesario para garantizar la "observancia" de las resoluciones del Tribunal Constitucional o la apertura de posibles responsabilidades penales.

Este aviso se realiza de nuevo a Forcadell, al resto de miembros de la Mesa del Parlament, al secretario general de la Cámara, al presidente de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, y a los demás componentes del Ejecutivo catalán.

En concreto, quiere que se imponga a los responsables del Parlament la prohibición expresa de convocar a los órganos de la Cámara para debatir y votar ninguna iniciativa que "directa o indirectamente" pretenda dar cumplimiento a la resolución impugnada, según el texto del incidente de ejecución.

E imponga a Puigdemont y sus consejeros la prohibición de tramitar propuestas legislativas, dictar normas de rango reglamentario o llevar a cabo cualquier iniciativa que pueda dar cumplimiento a esta resolución, advirtiéndoles de las responsabilidades en caso de incumplir, incluidas las penales.

FORCADELL CREE QUE "SERÍA PROFUNDAMENTE ANTIDEMOCRÁTICA"

La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, que ya estaba avisada de los riesgos a los que se exponía en caos de que continuara adelante con la votación de las conclusiones del 'procés', ha considerado este viernes que "sería profundamente antidemocrático" ser inhabilitada.

En una entrevista este viernes en el 3/24, ha asegurado que como presidenta del Parlament no incurrió en ningún delito sino que cumplió con su obligación y con el reglamento, y ha instado al Gobierno a "que haga lo que crea que tiene que hacer".

"No me gusta hablar de obediencia y desobediencia porque estamos contribuyendo a judicializar la política", ha planteado Forcadell, que ha apuntado que no se hizo nada que no estuviera previsto en el reglamento ni que no se hubiera hecho otras veces.

Ha lamentado que el Ejecutivo central no haga ninguna propuesta política y se limite a ir a los tribunales: "Están coartando la libertad de expresión del Parlament", que es un órgano que debe debatir sobre todo, ha expuesto.

Sobre su papel, ha opinado que "a una presidenta del Parlament no se le puede pedir que renuncie a sus ideas, pero sí se le puede pedir ecuanimidad", algo que Forcadell asegura que ha cumplido siendo la presidenta de todos.