Los Cierco al contraataque

 

Los hermanos Higini y Ramon Cierco, accionistas mayoritarios de BPA, explicaron en un comunicado que, tras declarar ante la juez por la intervención de la entidad el 10 de marzo 2015, han denunciado amenazas por parte de la policía española. El Diari d'Andorra se hace eco del contexto y de los hechos en esta noticia:

Uno de los accionistas mayoritarios de BPA, Higini Cierco, denunció a la Alcaldía que recibió presiones de las autoridades españolas para facilitar datos de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol o "se actuaría contra BPA" a través de la finca, supervisor del Tesoro estadounidense. Cierco, citado ayer a declarar como inculpado por la causa BPA, explicó que las amenazas se produjeron en mayo de 2014, diez meses antes de la nota de la finca que desencadenó la intervención de la entidad bancaria.

Cierco dio a conocer los hechos después de responder a las preguntas sobre la causa BPA de la alcalde, Canòlic Mingorance, y del fiscal general, Alfonso Alberca. Rechazó responder, sin embargo, a las del letrado del Gobierno, Manuel Pujadas. Al explicar que desde España se había exigido información sobre Pujol, manifestó que no se había informado a nadie al respecto y que el Gobierno fue conocedor de la situación después "de que estallara la crisis de marzo de 2015", tal y como explican , en un comunicado de prensa, desde el Grupo Cierco.

En nombre del ejecutivo, Pujadas celebraba que "por fin quede claro que el Gobierno no sabía nada hasta después de la intervención". El letrado lamentaba que sabiendo que la plaza financiera y el banco estaban amenazados, no pusieran los hechos en conocimiento del INAF ni de la fiscalía. Recordó que el ex consejero delegado de BPA, Joan Pau Miquel, se encuentra inculpado en la causa 81/2015 como presunto autor de un delito continuado de blanqueo de capitales en connivencia con una entidad bancaria y nada lo vincula con el asunto de la familia del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, al que no se hace referencia en ninguno de los 30.000 folios que forman el sumario de la causa general del caso BPA.

NUEVAS DILIGENCIAS

Después del relato de Cierco, Mingorance ha aceptado abrir diligencias e investigar las denuncias en una causa separada. Según el comunicado de los Cierco, el accionista de BPA explicó que en mayo de 2014 recibió una llamada del agregado de Interior en la embajada de España en Andorra, Celestino Barroso, informándole de que sería conveniente que viera unas personas en Madrid "o de lo contrario el banco morirá". Cierco dirigió Barroso a Miguel. De la situación también estaba al corriente la jefe de los servicios jurídicos de BPA y secretaria del consejo de administración, Rosa Castellón. Según añade el texto de los Cierco, Miguel se encontró en Madrid con el comisario jefe del departamento de Asuntos Internos de la Policía Nacional, Marcelino Martín Blas. Tal como había hecho con Cierco, le exigió información bancaria de Artur Mas, Oriol Junqueras, Jordi Pujol y sus respectivas familias. Mantuvieron varios encuentros hasta terminar facilitando los datos a las autoridades españolas, que fueron publicadas en un rotativo español, lo que obligó al ex presidente de la Generalitat a admitir la existencia de una herencia depositada en el extranjero.

Miguel no denunció entonces los hechos, según Cierco, en junio de 2014, para que Martín Blas le advirtió que, en caso de hacerlo, la finca intervendría. Sin embargo se acabó publicando la nota. "Probablemente porque la cantidad de dinero depositada en el banco les pareció insuficiente por los indicios que pudieran tener de la operativa bancaria que los Pujol hubieran podido llevar a cabo durante décadas en Andorra", según se recoge en el comunicado. Las cuentas de Pujol a BPA rondaban los 4,5 millones de euros. También instó a la alcalde a citar al ex consejero delegado para ratificar los hechos.

Juan Pablo Miquel habría vulnerado, según la declaración de Cierco ayer a la Alcaldía, el secreto profesional en el ámbito bancario en facilitar las cuentas de Pujol a las autoridades vecinas, tipificado como delito en el código penal.