La Fiscalía Europea solicita investigar la totalidad del 'caso Koldo'

La Fiscalía Europea ha anunciado este jueves su decisión de asumir la investigación de toda la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas durante el principio de la pandemia, conocido como 'caso Koldo' por el nombre de un asesor del entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, incluidos los contratos adjudicados por Canarias, Baleares y varios ministerios.

"Una vez recibida la información, después de examinarla en detalle, la Fiscalía Europea ha adoptado la decisión de asumir la competencia en este procedimiento y así investigar conjuntamente la totalidad de los contratos adjudicados por las distintas Administraciones Públicas a la misma empresa en un breve periodo de tiempo", indica el comunicado enviado por la Fiscalía europea (EPPO, por sus siglas en inglés).

Fuentes jurídicas explican que en caso de que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno no esté conforme con la decisión de la Fiscalía Europea de asumir la totalidad del 'caso Koldo', se podrá plantear un conflicto de competencias que resolverá el Tribunal Supremo.

Según la información remitida por el Gobierno a la Comisión Europea el pasado marzo a requerimiento de Bruselas, el fraude afectó a 17,8 millones de euros de fondos europeos, incluidos 14,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y otros 3,1 millones del Fondo de Solidaridad.

Caso Koldo

El caso Koldo investiga una presunta trama de corrupción relacionada con cobros ilegales en contratos de compra de mascarillas durante la pandemia. La investigación ha involucrado al Gobierno de Pedro Sánchez tras la detención de Koldo García, exasesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos.

Se sospecha que García cobró millones de euros en comisiones irregulares. A raíz de esto, el PSOE abrió un expediente disciplinario a Ábalos, suspendiéndolo cautelarmente del partido, aunque el exministro mantiene su escaño en el Grupo Mixto.

La investigación comenzó con una denuncia del PP de Madrid ante la Fiscalía de Anticorrupción el 10 de marzo de 2022. Esta denuncia, presentada por el diputado Alfonso Serrano, señala presuntas irregularidades en contratos de emergencia relacionados con la COVID-19, gestionados por la Administración Central del Estado y el sector público institucional.

El caso se sitúa en el contexto de otra investigación sobre la compra de mascarillas vinculada al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que fue archivada por falta de pruebas.

La operación Delorme, dirigida por el magistrado Ismael Moreno del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, investiga posibles delitos de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias.