Registrada la querella de Puigdemont contra el juez Joaquín Aguirre

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha registrado la querella presentada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el jefe de su oficina, Josep Lluís Alay, y el abogado Gonzalo Boye contra el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación.

Según ha informado este miércoles 3 de julio el TSJC, por reparto le ha correspondido al magistrado Carlos Ramos la ponencia correspondiente a la sala de admisiones que todavía no se ha pronunciado y, por tanto, precisa que de momento no hay abierta ninguna causa en la Sala Civil Penal porque lo que se ha realizado "es la fase previa".

La querella califica de "arbitraria, estrafalaria e injusta" la apertura de una pieza separada ordenada por Aguirre sobre la supuesta trama rusa del Procés independentista.

Bolaños no comparte "ni los argumentos políticos ni jurídicos" para no amnistiar la malversación

Otra voz que se ha alzado la mañana de este miércoles 3 es la del ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles 3 de julio que, aunque respeta la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar la malversación del Procés, no comparte "ni los argumentos políticos ni los argumentos jurídicos que contienen los autos" de los magistrados.

Así se ha pronunciado en declaraciones a la prensa en el marco de la inauguración del curso de verano ‘Políticas públicas frente a la desigualdad’ de la Fundación Pablo Iglesias y la Universidad Complutense de Madrid.

Bolaños ha incidido en que la ley de amnistía "se está aplicando con normalidad". "De hecho, ya hay más de 70 personas que han sido amnistiadas", ha señalado. Al hilo, ha enviado un mensaje a la sociedad catalana y "española en su conjunto". "La normalización en Cataluña es un hecho y es imparable", ha querido destacar quien también ocupara el Ministerio de Justicia en la anterior legislatura.

Así las cosas, el ministro ha incidido en que "España es un Estado de Derecho" y tiene "un sistema garantista de recursos para proteger precisamente los derechos de los ciudadanos y también para garantizar que la ley se aplica".