Los críticos del PSOE acudirán al Comité de Garantías para disolver la Ejecutiva

 

Antonio Pradas, hasta ahora responsable de Política Federal del PSOE, acudió esta noche a la sede socialista de Ferraz, donde no pudo entrar, para exigirle a la dirección encabezada por Pedro Sánchez que la Ejecutiva se disuelva tras la renuncia de 17 de sus miembros. Su obligación, le ha recordado, es cumplir la ley.

Pradas, quien esta tarde entregó en la sede socialista el escrito con las firmas de los dimisionarios, dijo que lo mínimo que se le pide a un socialista es que cumpla la ley.

De ese modo, considera que el propio Luena es actualmente un "compañero", pero ya no el secretario de organización del PSOE y que, de la misma forma, la Ejecutiva ya "no está ahora mismo legitimada" porque, como ha incidido, los estatutos "establecen que si se produce la baja de la mitad más uno de sus miembros, en ese momento, queda disuelta".

Pradas, que esta tarde fue el encargado de entregar en la sede socialista el escrito con las firmas de los dimisionarios, ha dicho que lo mínimo que se le pide a un socialista es que cumpla la ley y ha advertido a los afines a Sánchez que "ningún compañero tiene legitimidad para tomar decisiones".

En esa misma línea, considera que esos dirigentes "deberían tener mucha responsabilidad a la hora de tomar" decisiones porque "no son leales". "No son sujetas a la ley", ha remachado el diputado del PSOE de Sevilla, que ha dicho acudir a Ferraz a decirle a Luena y a los responsables afines al secretario general "que se establezca la ley y la normalidad en el PSOE".

Pradas ha continuado apuntando que, con la Ejecutiva disuelta, en el PSOE hay más órganos de funcionamiento, como el Comité Federal y la Comisión de Garantías. Ante éste último los dimisionarios también han presentado sus firmas y su escrito y Pradas ha mantenido que ésta debe interpretar su postura y redactar un dictamen sobre los efectos de las dimisiones producidas.

Pradas ha explicado que es una absoluta arbitrariedad que mañana se reúna la Ejecutiva del PSOE, porque ese órgano no tiene ninguna legitimidad para tomar decisiones y, centrándose en el 'número dos' del PSOE, César Luena, ha dicho que no puede ser "juez y parte" ni tampoco reunir a una Ejecutiva que "ya no se puede convocar ni tomar decisiones sobre su propio destino".

"Pedimos que se cumpla la ley y que se remita el informe correspondiente y que la Comisión de Garantías emita el informe correspondiente", ha sostenido el socialista andaluz, a quien le consta que dicha comisión está "dispuesta a reunirse".

Pradas ha recalcado que los compañeros que están "ahí dentro -en alusión al interior de la sede socialista- tienen que cumplir la ley", punto en el que ha vuelto ha reclamar la reunión de la Comisión de Garantías para que ésta interprete el cumplimiento de las normas. "Para eso eso la eligieron los representantes de los militantes, no nos hemos inventado nada", ha zanjado.

Pese a la situación vivida en los últimos días en el PSOE, el hasta ahora secretario de Política Federal ha aprovechado su comparecencia ante los medios para enviar un mensaje de "tranquilidad" a los militantes apelando también a sus compañeros de partido: "Somos gente sensata con una trayectoria política muy larga y sabemos que tenemos en nuestras manos el futuro de este partido".

PUERTAS CERRADAS

Por otro lado, Pradas ha explicado a los medios de comunicación que esta tarde, cuando ha estado en la sede socialista para entregar las firmas de los 17 miembros de la Ejecutiva que han dimitido, la dirección del partido le ha impedido el acceso a su propio despacho.

Con cierta amargura, el diputado ha recordado que pertenece al partido desde el año 1978 y que esta tarde ni si quiera le han dejado recoger los "objetos familiares", entre ellos un retrato de su hijo, que decoraban el que ha sido su despacho.

Pero además de impedirle el acceso a su despacho esta tarde, la entrada principal de la sede socialista, por la que habitualmente entran los periodistas y los miembros del partido, también se ha cerrado esta noche minutos antes de que él llegara y cuando la prensa ya le estaba esperando en la calle.

El servicio de seguridad del edificio ha alegado que no se podía permitir tal trasiego de periodistas y que las ocho es la hora habitual de cierre aunque en muchas ocasiones, como en las noches electorales, hay flexibilidad en el horario.

El cierre ha dejado a unos periodistas dentro y a otros fuera y en un principio parecía que si iba a permitir que siguieran trabajando dentro pero finalmente, responsables de la sede han dado cinco minutos a los trabajadores de los medios de comunicación para que recogieran sus cosas y abandonaran el edificio por el garaje.