Piden casi 10 años de inhabilitación para Artur Mas por el 9N
Para Irene Rigau y Joana Ortega, piden una pena de inhabilitación de ocho años y siete meses.
La Fiscalía ha pedido para Artur Mas 9 años y medio de inhabilitación para ejercer cargos públicos por los supuestos delitos de desobediencia y de prevaricación con la organización de la consulta ciudadana sobre la independencia por el 9N de 2014.
En el escrito de acusación, los fiscales Emilio Sánchez Ulled y Francisco Bañeres también reclaman ocho años y siete meses para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, la misma pena que para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau -en ambos casos, también por desobediencia y prevaricación-.
En concreto, el escrito de la Fiscalía detalla que por el delito de desobediencia pide un año y seis meses de inhabilitación, además de 36.000 euros de multa; y ocho años por el de prevaricación. Nueve años y seis meses en total.
La Fiscalía concluye que Mas, "intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad" desatendió el mandato del TC e incumplió la obligación, que como convocante tenía, de dejar sin efecto la consulta del 9N, según el escrito de acusación.
JOANA ORTEGA E IRENE RIGAU
Ortega, como vicepresidenta del Govern, siguió ejerciendo el control público y la coordinación de toda la preparación de las votaciones inmediatamente por debajo de Mas y fue la "impulsora directa de las principales actuaciones administrativas" para el 9N.
Fiscalia demana 10 anys inhabilitació MHP Mas i 9 per mi i HC Rigau. Ens volen inhabilitar per habilitar que la gent parlés. Inèdit al món
— Joana Ortega (@joanaortega) 3 de octubre de 2016
En el caso de Rigau, puso a disposición de la consulta los medios del departamento y se sirvió de los jefes de los servicios territoriales de su departamento para garantizar que los directores de los centros de enseñanza secundaria prestaran el apoyo necesario.
MAS CRITICA LA "CADENA DE DESPROPÓSITOS"
Por su parte, el expresidente de la Generalitat Artur Mas ha acusado al Gobierno central de querer convertir en "un gran aquelarre judicial" el proceso participativo del 9N de 2014, que ha calificado de acto democrático y cívico.
Lo ha dicho este lunes en rueda de prensa en la sede de PDECat, el mismo día en que la Fiscalía ha pedido en su escrito de acusación inhabilitarle durante diez años, y durante nueve años a la exvicepresidenta Joana Ortega y a la exconsellera Irene Rigau, por los supuestos delitos de desobediencia grave y de prevaricación por la organización del 9N.
Mas ha asegurado que volvería actuar exactamente como lo hizo aquel 9 de noviembre y los días previos, y ha acusado al Gobierno central de querer convertir en "un gran aquelarre judicial" ese proceso participativo, que ha calificado de acto democrático y cívico.
También ha criticado que la vicepresidenta el Ejecutivo central, Soraya Sáenz de Santamaría, valore la decisión de la Fiscalía dando por hecho que Mas infringió la ley y sin esperar a la sentencia: "Cuando uno incumple la ley, eso tiene consecuencias", ha dicho ella.
Para el expresidente, esta afirmación supone que el Estado no respeta la separación de poderes y aboga por presionar al poder judicial: "Esto lo hubiera podido decir un ministro de Franco. No hubiera habido demasiado diferencia. Ignoran olímpicamente la separación de poderes".
Ha dicho que existe una "cadena de despropósitos" sobre el 9N y ha recordado que nueve fiscales de Catalunya desde el TSJC no vieron delito, pero el fiscal general del Estado les obligó a presentar la querella, según él, presionado a su vez por el Gobierno central.
"NO FUE DELITO"
También ha intervenido Ortega, que ha defendido que la consulta se hizo con todas las garantías democráticas y de acuerdo con la legalidad: "Y hoy lo volvería hacer. El 9N no fue ningún delito. El 9N fue un acto de democracia".
Rigau, actualmente diputada de JxSí en el Parlament, ha agradecido el trabajo de los voluntarios que hicieron posible el 9N, ha afirmado que la democracia en España está "enferma", y que la judicialización de la consulta confirma una profunda brecha entre Catalunya y el resto de España.
ACATAR
Al preguntársele a Mas si piensa acatar una sentencia que confirmara esta inhabilitación, ha respondido: "Se ha puesto de moda preguntar esto de acatar o no. Te guste o no la sentencia, son las que son. Una sentencia es una sentencia".
Ha añadido que, en caso de una sentencia condenatoria, no se quedará de brazos cruzados y se dirigirá a las instancias necesarias para demostrar su inocencia: "Iré donde haga falta para defender lo que hicimos, a decir que es una auténtica salvajada democrática lo que están haciendo".
"No somos delincuentes, somos demócratas", ha continuado Mas, que ha puntualizado que, pese a que la Fiscalía no pida penas de cárcel para él, no está descartado que lo hagan las acusaciones particulares y que, por tanto, el juez todavía las puede dictaminar en la futura sentencia.
NO HUBO OFERTA DE PACTO
Preguntado por si el Estado ofreció un pacto el mismo 9 de noviembre para no llevar la consulta ante los tribunales, Mas lo ha negado: "Es falso. A mí nunca me dijeron que, si tenía un perfil bajo, que si era buen chico, no harían nada. Nunca me lo dijeron, ni directa ni indirectamente".
La versión de Mas contrasta con la del exconseller de Presidencia y ahora diputado de CDC en el Congreso, Francesc Homs --también investigado por el 9N--, que afirmó que un intermediario del Gobierno central le hizo saber "que ellos no harían nada" si la Generalitat no hacía su rueda de prensa para valorar el 9N.
Mas ha explicado que la única propuesta se la hizo él al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, al que pidió que "tolerase" la votación asegurándole que la consulta no tendría consecuencias jurídicas pese a que ganaran ampliamente los partidarios de la independencia.
Precisamente Homs ha estado entre los asistentes a la rueda de prensa para apoyar al expresidente, a la exvicepresidenta y a la exconsellera, junto a la coordinadora del PDC, Marta Pascal, y el coordinador organizativo del partido, David Bonvehí.
Mas no ha abordado si una posible inhabilitación tendría efectos sobre su futuro político: "No lo he pensado. En el corto plazo, no. Ahora mismo estoy recorriendo el país" intentando ensanchar la base soberanista, ha dicho.
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