Los Presupuestos "sociales" de JxSí no subirán el IRPF a los ricos

 

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La portavoz del Govern, Neus Munté, ha explicado este martes que los Presupuestos de 2017 no prevén subir el IRPF a las rentas altas ni tampoco plantean ninguna modificación del Impuestos de Sucesiones. Se trata de dos demandas que sí formula la CUP que, pese a todo, ha dado su apoyo a Puigdemont en la cuestión de confianza.

El Govern llevará estas medidas al Debate de Política General.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha explicado que las cuentas que prepara el Ejecutivo son "muy similares" al proyecto de 2016, que no llegó a tramitarse por el veto de la CUP, y en esas cuentas no había ninguna de previsión de subir el IRPF.

Munté ha expuesto que en Catalunya hay "un nivel de presión fiscal excesivo" y que el objetivo del Govern es bajar impuestos a las rentas bajas en lugar de subirlo a las altas, aunque no ha precisado si ve posible que los Presupuestos de este año incluyan esta rebaja.

El Govern se pronuncia así el día que se haya dado a conocer que la CUP tiene previsto presentar en el Debate de Política General --que empieza este miércoles-- una propuesta de resolución que pide aumentar el IRPF a las rentas altas.

El Ejecutivo catalán tiene a la CUP como el único socio potencial para aprobar las cuentas, ya que el resto de partidos no se ha mostrado predispuesto a hacerlo, y este martes se ha escenificado que las posiciones siguen alejadas en cuanto a materia fiscal.

Sin embargo, Munté ha confiado en que el Govern y la CUP mantengan la "confianza" que forjaron la semana pasada en el Parlament, y le ha recordado a los anticapitalistas que las cuentas son importantes para temas como impulsar un plan de choque social o culminar el proceso soberanista.

También ha reivindicado que la Generalitat sí ha modificado impuestos allí donde "hay margen real" para hacerlo, como en el ámbito de la fiscalidad medioambiental, mientras que ha considerado que en otras figuras impositivas ya no hay más margen, sin entrar en detalles.

POLÉMICA ANTIGUA

Subir o no el IRPF a las rentas altas ya fue un debate que estalló con las cuentas de 2016 y generó controversia en el Govern: el vicepresidente Oriol Junqueras aseguró que se abría a "estudiarlo", mientras que el presidente Carles Puigdemont lo rechazó y anunció una rebaja a las rentas bajas que no se concretó porque no hubo Presupuestos.

"El presidente y el conjunto de consellers estamos centrados en poder disponer de unos presupuestos marcadamente sociales, que mejoren el día a día de los ciudadanos y que nos permitan la culminación del proceso soberanista", ha concluido Munté, que no ha querido polemizar con la CUP.

"CADENA DE CONFIANZAS"

Más allá de las discrepancias en materia fiscal, Munté ha confiado que el Debate de Política General sirva para que JxSí y la CUP negocien resoluciones que aborden cuestiones como el referéndum previsto para el 2017 o el proceso constituyente.

En cualquier caso, Munté ha deseado que el debate también sirva para visualizar la petición que Puigdemont lanzó a la CUP de crear una "cadena de confianzas" hasta culminar el proceso soberanista con el referéndum fijado para septiembre del año que viene.

LEY DE DERECHO A LA VIVIENDA

Paralelamente, la consellera de Gobernación, Adminsitraciones Públicas y Vivienda, Meritxell Borràs, ha aprobado este martes el nuevo proyecto de ley de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas que están en riesgo de exclusión social para esquivar los puntos suspendidos por el Tribunal Constitucional (TC).

En rueda de prensa posterior al Consell Executiu, ha dicho que se trata de una "respuesta de país" tras la suspensión del TC en julio de diversos puntos de la Ley de medidas urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética, y el objetivo que persigue es poderla debatir y aprobar en lectura única este octubre.

El proyecto de ley sustituye la cesión temporal obligatoria por la expropiación del uso temporal de viviendas, propone como alternativa al alquiler social obligatorio un sistema de realojamiento de las familias con alquiler social, y recupera la mediación a través del Código de consumo.

Así, uno de los instrumentos previstos es la expropiación temporal del uso de las viviendas vacías de entidades financieras, que permitirá darles un uso social entre 4 y 10 años, amparándose en la Ley de Expropiación.

En relación al coste de la rehabilitación de la vivienda irá a cargo de la entidad financiera, lo que permitirá compensar el coste de la expropiación, y deberán ser pisos inscritos en el Registro de Viviendas Vacías o situados en municipios con necesidades de vivienda social.

También se contempla la obligación de realojar a las personas en riesgo de exclusión social por pérdida de vivienda, lo que evitará nuevos desahucios; se fijará un sistema transitorio de tres años, ampliables a tres más, para que las entidades financieras ofrezcan un alquiler social a dichas familias.

Sobre los procesos de mediación entre familias endeudadas y entidades financieras, se prevé crear comisiones en todo el territorio, bajo el nombre de Comisiones de Vivienda y Asistencia ante Situaciones de Emergencia Social, formadas por representantes del Govern, entidades sociales, abogados, ayuntamientos y entidades financieras, que analizarán dichos casos y elaborarán planes integrales para solucionarlos.

Además, se amplía de 72 a 234 el número de municipios donde el Govern tiene acreditada una lata demanda de vivienda social, por lo que se tendrá más capacidad de aumentar el parque público a través del derecho de tanteo y movilizar más pisos vacíos de entidades financieras y grandes empresas.

SIN LA PAH

La Generalitat, entidades municipalistas, el Consell de l'Advocacia Catalana y los promotores de las ILP de la vivienda han elaborado el texto, en el que se ha incorporado alegaciones presentadas por una quincena de entidades y administraciones durante el periodo de exposición pública.

Sin embargo, la PAH no se ha sumado al acuerdo porque, pese a asistir a la docena de reuniones que se han llevado a cabo para redactar la norma, consideran que no se han incorporado algunas de las demandas que habían puesto sobre la mesa, según Borràs.

La consellera también ha reivindicado la rigurosidad de lo que plantea la ley para evitar que el Gobierno la recurra de nuevo al TC: "Jurídicamente es impecable. Si no buscan argumentos políticos, de jurídicos no encontrarán".

Ha explicado que el proyecto de ley incluye un informe económico en el que se estima una demanda de 2.150 viviendas para el primer año, y que se han comprometido a financiar un 50% del coste con los ayuntamientos.