Ribó denuncia que hay una cifra oculta de abusos sexuales a menores en Catalunya

 

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha alertado este viernes de que hay una cifra oculta sobre los abusos sexuales a menores en Catalunya, porque varios estudios afirman que un 15% de niños y adolescentes han sido víctimas a lo largo de su infancia pero los atestados policiales solo afloran que es menos de un 1%.

Según el Informe del síndic sobre el abuso sexual infantil en Catalunya, presentado en rueda de prensa, la cifra de menores que constan como víctimas de agresiones y abusos en 2015 es de 644 (4,6 de cada 10.000), y en el supuesto de que este nivel de afectación fuera real y constante en el tiempo, menos del 1% de los niños constarían a lo largo de su trayectoria como víctimas de abusos.

Ribó ha lamentado la "importante diferencia" entre el índice de víctimización que dan las encuestas y estudios --en torno a un 10% para los niños y un 20% para las niñas-- y lo que detectan los servicios que están para combatir estos abusos --este 1%--, además de constatar la dificultad de descubrirlo en el ámbito que más se da: el familiar.

CREAR UN CENTRO ESPECIALIZADO

El síndic recomienda promover los estudios para saber la realidad del maltrato infantil y los abusos, y crear un centro especializado dedicado a la investigación como prevé la disposición adicional sexta de la Ley 14/2010 de derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia.

Sobre esta ley, aprobada por el Parlament en 2010, ha criticado que aún hay muchos puntos pendientes de desarrollar, como la creación de un servicio de atención especializada para menores víctimas de abuso, y de hecho, subraya que actualmente no hay ningún servicio de la red pública especializado para el tratamiento de menores víctimas de abuso sexual.

Actualmente solo hay dos unidades multidisciplinares de diagnóstico de abuso sexual: la Unidad funcional de abusos a menores del Hospital Sant Joan de Déu y la Unidad de pediatría social del Hospital Germans Trias i Pujol, que no ofrecen tratamientos de larga duración, por lo que pide que se multipliquen estos servicios.

El síndic, que ha sentenciado que "proteger a los niños es un deber fundamental de los poderes públicos", ha valorado positivamente la incorporación de 50 profesionales de los Equipos de atención a la infancia y la adolescencia, pero ha puntualizado que pese a este incremento, todavía no se alcanzan las ratios que establece la cartera de servicios.

NUEVO PROTOCOLO

Ha lamentado que el nuevo protocolo ampliado contra abusos, que se aprobó este 2016, aplicable en los centros educativos, restringe su ámbito de aplicación a los que estén sostenidos con fondos públicos, con lo que se deja fuera a guarderías y colegios completamente privados, lo que para el síndic es "inadmisible".

Preguntado sobre si este nuevo protocolo hubiera evitado un caso como el de los Maristas, ha recordado que en este caso no se cumplieron los protocolos existentes y que es un "ejemplo claro de mala administración".

Ha afeado que haya un "déficit en la escucha a los niños" y ha pedido darles confianza para que expliquen todo lo que puede dar pistas para dilucidar si hay abusos, además de recomendar que en todos los centros educativos haya una persona especializada en este tema.

Respecto a la detección de casos en las escuelas, el síndic considera clave la participación de los profesores en denunciar, por lo que pide a la Administración educativa que les den apoyo para que cumplan con su "derecho inherente al ejercicio de su función" alertando de posibles abusos cuando hay sospechas.