El número de menores catalanes en riesgo de pobreza aumentó en un 72% desde el inicio de la crisis

 

El sindicato UGT de Catalunya ha denunciado este jueves que 349.200 menores de 16 años en Catalunya viven en situación de riesgo de pobreza. Esta cifra significa un aumento del 72% con respecto al inicio de la crisis (hace ya ocho años). Así lo revela el informe 'Pobreza laboral y pobreza infantil, dos caras de la misma moneda'.

Desde 2008 han crecido en 147.000 los menores en riesgo de pobreza, sosteniendo que los años de crisis económica han incidido "muy negativamente" en las población infantil y de manera más acentuada que en otros colectivos de edad, ha informado UGT en un comunicado.

El sindicato ha criticado la "relación directa entre la precariedad del mercado de trabajo y los recortes en políticas de apoyo familiar" sobre el riesgo de pobreza de la población infantil.

Según UGT, entre los años 2008 y 2015 ha crecido la pobreza en los hogares con hijos dependientes y en los menores de 16 años, mientras que las personas jubiladas y otras inactivas han bajado su representación en la población en riesgo de pobreza.

El sindicato ha sostenido que en la actualidad en Catalunya es "más fácil vivir con una pensión que con un salario", y ha remarcado que en Catalunya 391.400 personas se encuentran en riesgo de pobreza pese a tener trabajo y ya representan el 37,1% del total de la población en riesgo.

UGT ha considerado que el fenómeno de la pobreza infantil sería "evitable" con un aumento del gasto social y adaptando medidas de garantía de rentas para los menores combinadas con medidas preventivas y paliativas.

El sindicato se ha mostrado crítico con la evaluación realizada por el Govern de las medidas de emergencia social, y ha solicitado garantizar unos "mínimos indispensables" para una sociedad cohesionada.

Ha afirmado que una de las medidas que se podrían aplicar de manera inmediata para contener la pobreza infantil sería dotar al programa interdepartamental de la Renta Mínima de Inserción (RMI) de capacidad suficiente para cubrir situaciones de pobreza económica, recuperar su flexibilidad y adaptarse al perfil de los beneficiarios, y de aquí desarrollar la renta garantizada de ciudadanía.