El Constitucional podrá sancionar a los políticos que incumplan sus sentencias

El Tribunal Constitucional (TC) ha declarado acorde con la Constitución la reforma legal que le otorgó capacidad coercitiva y sancionadora contra los cargos públicos que incumplan sus órdenes y sus sentencias.

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El aval del Tribunal Constitucional (TC) a este tipo de medidas no implica que hayan de aplicarse inmediatamente. Lo relevante es que, en cuanto dicte sentencia sobre esta cuestión, el TC podrá disponer sin reservas de esta atribución para garantizar que sus decisiones se atienden y ejecutan.


El desbloqueo del debate sobre las nuevas competencias sancionadoras del TC permite despejar incógnitas sobre el recorrido que pueda tener esta nueva arma legal en manos de los magistrados para hacer cumplir sus sentencias. 


Los sectores más críticos con la reforma que ahora va a fallar el TC siempre criticaron que se vuelque en esta institución una responsabilidad que debe permanecer en manos del Ejecutivo. Ese traslado de atribuciones obedecería a la voluntad del gobierno de ahorrarse el coste político que pudiera suponer la suspensión de un cargo público. Lo inminente es que el Constitucional va a contar  con una competencia de actuación directa sobre los cargos públicos, inexistente hasta ahora.

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