La siniestralidad aérea en las catástrofes naturales

Albert y José Antonio son dos de los demasiados héroes anónimos que en las últimas temporadas han perecido en accidentes aéreos en las tareas de extinción de incendios. Tristemente no fueron los únicos. En la última década, según datos de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), más de 70 profesionales han fallecido sacrificando su vida por las nuestras, por nuestras pertenencias y nuestros bosques. Sin duda, unas cifras de siniestralidad alarmantes e inadmisibles.

Según los datos del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, hasta 30 de Septiembre hemos padecido 21 grandes incendios forestales, los cuales arrasaron con 60.098,76 hectáreas, sin embargo, en Galicia se han llegado a registrar hasta 50 pequeños incendios al día. ¿Qué está pasando?

El Ejecutivo central aprobó, hace justo un año, la reforma de la Ley de Montes. Un cambio legislativo que permite que las comunidades autónomas recalifiquen zonas forestales quemadas "cuando concurran razones imperiosas de interés público de primer orden". Esto convierte en papel mojado la anterior Ley, que prohibía construir en un terreno forestal incendiado sin que hubiesen pasado 30 años. Las llamas que ahora surcan nuestros bosques podrán ser, sin saberlo, las mejores aliadas de la especulación urbanística, las empresas papeleras o las concesionarias anti-incendios. Es posible que, erróneamente, el gobierno español haya considerado la desregulación ambiental como un requisito para la recuperación económica.

Además del perjuicio medioambiental y urbanístico al que nos enfrentamos, yace de fondo una problemática severa, la madre de las causas latentes a la que parece no se pone solución: una deficiente gestión del servicio. El personal de los medios aéreos tiene 80 veces más posibilidades de morir que la media de los trabajadores en España.

CONDICIONES LABORALES QUE AÑADEN MÁS LEÑA AL FUEGO

El quid de la cuestión recae en las condiciones laborales de estos trabajadores al encontrarse lejos de la profesionalización. El colectivo no solo no forma parte de un cuerpo especializado, sino que además se ve afectado por la temporalidad, la falta de formación continua y un grave intrusismo por parte de personal militar. Se presta un servicio externalizado adjudicado a través de concursos públicos cuyos pliegos de condiciones recogen las necesidades del Ministerio de Agricultura pero raras veces están en sintonía con criterios de aviación. Huelga advertir, en este punto, que las Brigadas de Refuerzo de Incendios Forestales (BRIF) llevan años luchando por un aumento de plazas y el reconocimiento, definitivamente, y no solo sobre el papel, de la categoría de bomberos forestales.

GESTIONAR DE ESPALDAS A LA TRAGEDIA

La mejor manera de no tener que extinguir un incendio, es que no lo haya. Por esa razón, la eterna reclamación de los profesionales pasa por una gestión que priorice la prevención dejando de concebir los incendios forestales como un problema estacional. Así, la contratación de personal forestal que velase por la limpieza y el mantenimiento de nuestro ecosistema rural durante todo el año, no sólo los meses estivales, permitiría reducir la magnitud de la tragedia si es que esta se sucede.

Una tragedia cuya magnitud tras un accidente fatal no solo significa un drama personal y familiar, sino también un drama profesional. Profesionales de los que se apodera la impotencia, el miedo y el desamparo. Impotencia de perder a sus compañeros, de ver que para los gestores del servicio la seguridad no es lo primero y de presenciar continuos incumplimientos de normativa vigente. Miedo de montarse a aeronaves cuyo estado no siempre es óptimo o de perder el empleo por no arriesgar su vida a cambio de nada. Desamparo al ver que las notificaciones de sucesos no resultan efectivas y que quienes deberían velar por su seguridad las emplean como meros datos estadísticos y parecen mirar hacia otro lado cuando se producen amenazas y coacciones.

VOLUNTAD, LA CLAVE PARA ECTINGUIR EL PELIGRO

Si en algo coincidimos todos los profesionales del sector es en apelar a la voluntad para virar esta situación. Se han dado algunos pequeños pasos al introducir cambios normativos, pero hay todavía mucho recorrido por delante.

Aprovechando las remodelaciones y cambios ministeriales, resulta éste buen momento para establecer dinámicas de comunicación y colaboración entre administraciones, que doten de mayor agilidad las respuestas y requerimientos de los pilotos, brigadistas y profesionales. De igual manera, el aire fresco en la administración puede implicar una mejor gestión de los servicios, en los cuales la prioridad pase por controlar las empresas adjudicatarias y subcontratadas y, si fuera necesario, exigir responsabilidades al más alto nivel.

España alberga un alto índice de incendios forestales y por ende, de un gran número de operaciones aéreas que se desarrollan en ese ámbito. Es responsabilidad de todos no añadir más riesgos a un trabajo que, de manera connatural, ya está asociado al peligro. Por ello, desde la administración deberían liderarse acciones que promuevan la cultura de la seguridad y que aseguren las operaciones. Es obligación nuestra apoyar cualquier demanda o iniciativa que vaya en la línea de salvar vidas y no poner otras en peligro.