Los abogados del Parlament advirtieron sobre los riesgos de desobedecer al TC
En su declaración, han asegurado que el informe fue elaborado a "voluntad propia" y no por encargo de Carme Forcadell como sostiene Fiscalía.
El exsecretario general del Parlament Pere Sol y el letrado mayor de la Mesa, Antoni Bayona, han explicado este miércoles ante la jueza que elaboraron a iniciativa propia como servicios jurídicos de la cámara el informe leído en el pleno del miércoles 27 de julio de 2016 y que avisaba, tras la interlocutoria del Tribunal Constitucional, de las consecuencias de votar las conclusiones de la comisión parlamentaria de estudio del proceso constituyente.
Según han explicado a la magistrada del TSJC, Maria Eugènia Alegret, esta breve nota se redactó el fin de semana anterior al pleno y se entró a registro media hora antes de su celebración, sin que la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, estuviera al corriente, han informado fuentes judiciales.
En la nota daban cuenta del contenido de la interlocutoria del TC y de las advertencias contenidas en la parte dispositiva y sus implicaciones si se incumplían, aunque Forcadell permitió que la votación se incluyera en el orden del día.
El TC había dictado una interlocutoria el 19 de julio de 2016 en la que consideraba que el contenido de las conclusiones de la comisión "contraviene claramente" sus mandatos, y advertía a la Mesa, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que supusiera ignorar o eludir los mandatos anunciados.
DOS INFORMES JURÍDICOS
Durante el interrogatorio, han dicho que como letrados han escrito dos informes jurídicos sobre las posibles consecuencias de realizar actuaciones posiblemente contrarias a los dictámenes del TC.
Uno había sido en diciembre de 2015 a petición de la Mesa tras votarse la resolución del 9 de noviembre sobre la independencia, firmado por Bayona; y el otro fue la nota que se leyó en el pleno de julio de 2016, a iniciativa propia y firmada por Sol y Bayona.
Este segundo informe se hizo por decisión de los servicios jurídicos, ante la posibilidad de que se votaran ese día las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, e iba dirigido a toda la cámara, no solo a los diputados que ya habían recibido una advertencia.
En ninguno de estos dos informes se emitió ningún dictamen sobre cómo se debería actuar, sino que se limitaba a realizar la advertencia.
Por tanto, la afirmación de los letrados contradice a la querella de la Fiscalía, que aseguraba que habia sido Forcadell quien "pidió un informe a los servicios jurídicos", que le habrían advertido explícitamente que, antes de votar, tenía que ser consciente "del significado e implicaciones" de la interlocutoria del TC. Este era uno de los argumentos que utilizaba el ministerio público para explicar que la presidenta desobedeció "de manera consciente e intencionada" al Consitucional.
La siguiente en declarar será Forcadell, que lo hará el viernes 16 de diciembre, y el resto de testigos comparecerán a partir del 19 de diciembre.
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