Fiscalía pide nueve años de prisión para un sargento de la guardia civil que colaboraba con narcotraficantes

La Fiscalía ha pedido nueve años de cárcel para un sargento de la Guardia Civil por su presunta colaboración con una supuesta banda de narcotraficantes en una operación en abril de 2001 para hacerse con una partida importante de éxtasis (MDMA).

En su escrito de acusación, previo al juicio previsto para este martes y miércoles en la Audiencia de Barcelona, la Fiscalía considera que el guardia civil Roberto de P. estuvo en todo momento "al tanto de los acontecimientos e informado con detalle" de la operación.

Este agente y los supuestos traficantes Javier S., Daniel R. y Pedro L. --los tres con antecedentes por diferentes delitos-- se enteraron de que el 30 de abril se transportaría una importante cantidad de droga desde Francia al polígono Can Roca de Martorelles (Barcelona) y que el portador aparcaría la furgoneta a las 14 horas en una calle apartada.

La furgoneta la conducía un traficante británico y, según la Fiscalía, no se ha podido saber si tenía el encargo de pasar la droga a los acusados o si fue víctima de un engaño sobre la identidad de los destinatarios.

Sea como fuera, el ciudadano británico --al que la Audiencia de Barcelona luego condenó a cuatro años de cárcel por la posesión de esta droga-- descargó varias bolsas con unas mil pastillas de éxtasis y Javier S., Daniel R. y Pedro L. las cargaron en su coche.

EL PLAN

Sin embargo, Daniel R., sin que el británico lo viese, supuestamente escondió dos bolsas de éxtasis debajo del asiento del conductor de la furgoneta con el fin de que luego la Guardia Civil lo sorprendiera con la droga.

El sargento Roberto de P. estaba al tanto de todos estos acontecimientos: no sólo tomó parte de la organizacón del plan sino que vio directamente el encuentro de los demás acusados con el traficante británico y la descarga de la furgoneta, siempre según la versión de Fiscalía.

A continuación, el sargento organizó la intervención policial ordenando montar un dispositivo de vigilancia del puesto de la Guardia Civil de Mollet del Vallès (Barcelona), donde era jefe de equipo de la Policía Judicial.

Media hora más tarde, sobre las 14.30 horas, dos agentes de la Guardia Civil identificaron en la furgoneta al traficante británico y lo detuvieron tras hallarle las dos bolsas de plástico con éxtasis que los acusados le habían escondido debajo del asiento.

Tras días después, dos agentes incautaron otras cuatro bolsas que formaban parte de las más de 70 que los acusados habían descargado de la furgoneta del británico; según la Fiscalía, Roberto de P. había pedido al resto de acusados que se desprendieran de ellas para incautarlas y dar "mayor brillantez" a la operación policial.

El resto de la droga nunca fue incautada y los acusados supuestamente la vendieron; tendría un valor conjunto de 40.000 euros y en la venta al por menor alcanzaría al menos el doble de este valor.

La Fiscalía pide de cara al juicio nueve años de cárcel para el guardia civil por un delito contra la salud pública y una inhabilitación de 15 años; también reclama siete años de cárcel por el mismo delito para Javier S. y un año para Juan Pedro L.

EL TRAFICANTE ARREPENTIDO

El caso fue desvelado después de que en septiembre de 2008 el acusado Juan Pedro L. pidiese comparecer ante el juez: confesó lo ocurrido y dio información completa dando "datos esenciales" sobre la que luego se basó la investigación.

Dos de los acusados --Javier S. y Daniel R.-- ya habían sido condenados a siete años de cárcel por el robo de un contenedor con cientos de kilos de cocaína en el Puerto de Barcelona en 2005; Roberto de P. fue absuelto en esa causa junto a otros seis guardias civiles.

Pese a haber colaborado anteriormente con la banda en diversas operaciones, el arrepentido Juan Pedro L. no participó en el gran golpe del contenedor del Puerto; en esos momentos estaba en la cárcel cumpliendo una pena por el asesinato de dos vigilantes de un furgón de Proseguir en Terrassa (Barcelona).

Roberto de P. también fue absuelto junto con otros dos guardias civiles en otra causa en la que estaban acusados de haber colaborado en el engaño a un proveedor de droga colombiano, después de un juicio en el que el tribunal vio "lagunas e inconcreciones" en la declaración testifical como arrepentido de Juan Pedro L.