Unió pide al juez que los bancos no puedan acusarles de gestión desleal

 

La defensa de Unió --en el juicio en que sienta en el banquillo por supuestamente beneficiarse de una trama que sufragó parte de sus deudas-- ha pedido este viernes que los bancos que son acusación particular en la causa no puedan acusarles de administración desleal, al considerar que las entidades no son perjudicadas de unas determinadas operaciones inmobiliarias.

En el primer día de juicio en la Audiencia de Barcelona, dedicado a resolver cuestiones previas, el abogado de Unió --acusada en el caso como responsable civil subsidiaria-- ha señalado la "falta de legitimación" de estas entidades para acusar del supuesto impago por parte de Unió de unos locales a una fundación afín o por haberse beneficiado en otros casos por unos precios por debajo del mercado.

Esta vertiente del supuesto beneficio económico de Unió forma parte de una trama mayor en la que la excúpula de la Fundació Catalunya i Territori (FCT) --afín al partido-- y del holding empresarial IMS están acusados de articular una red para conseguir fondos y créditos de bancos con facturas falsas: de ahí que las entidades estén en el juicio como acusaciones particulares.

En cuanto a la parte que afecta a Unió, la Fiscalía sostiene que la FCT dejó de cobrar al partido en 2005 el alquiler de varios locales y le vendió otros por un precio inferior al del mercado, por lo que la formación democristiana disfrutó de "un injustificado beneficio económico".

Paralelamente, la empresa Kontrast Produccions, dedicada a organizar congresos y eventos, presuntamente facturó a la empresa IMS por valor de 116.483 euros servicios que en realidad eran para Unió, cuyos gestores utilizaron fondos recibidos de la FCT.

HASTA 17 AÑOS DE CÁRCEL

La Fiscalía pide penas cárcel --hasta 17 años en algunos casos-- para el que era presidente de la fundación, Josep Boqué; los exvocales de la misma Joan Albert López y Miguel Ángel Cortés, Xavier Soriano --también vinculado a FCT-- y el empresario Jose C. por delitos como estafa, falsedad documental, apropiación indebida, administración desleal y contra la Hacienda Pública.

Sin embargo, el fiscal de delitos económicos ha aceptado la petición de las defensas de retirar la acusación de uno de los delitos de falsedad documental al estar prescrito, lo cual el tribunal ha aceptado, con lo que previsiblemente al final de juicio implicará una reducción en la petición de pena de unos dos años.