Siete de los dieciocho detenidos en la Operación Pika pasan la noche en prisión

 

La Guardia Civil ha empezado a primera hora de la mañana una nueva fase de registros y detenciones relacionadas con el caso del 3%, el presunto pago de comisiones a Convergència a cambio de adjudicaciones de obra pública. Hay 18 detenidos entre los que se encuentra el ex teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona durante el mandato de Xavier Trias, Antoni Vives, y Francesc Sànchez, encargado de pilotar la refundación de Convergencia y uno de los dirigentes nacionalistas más próximos a Artur Mas. 

También se ha detenido al director de la Empresa Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, BIMSA, Angel Sánchez; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, quien habría quedado en libertad después del registro. En el caso de Constantí Serrallonga su arresto no está vinculado con su gestión en la Fira de Barcelona, de la que se ha hecho cargo hace pocos meses, sino de su etapa de gerente del ayuntamiento de Barcelona. 

La Guardia Civil traslada hacia la comandancia de Tarragona al exdirigente de CDC Francesc Sánchez y al exconcejal del partido en Barcelona y expresidente de Bimsa, Antoni Vives.

Estos dos excargos se unen a los otros cinco arrestados que pasarán la noche en dependencias policiales: el extesorero de CDC y la fundación Catdem Andreu Viloca; el exdirector de Infraestructures.cat Josep Antoni Rosell; el exconsejero delegado de Copisa Xavier Tauler y Josep Manel Bassols (Oproler Barcelona) --los cuatro ya estaban siendo investigados en la causa por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona)--.

Según han informado fuentes de la investigación, está previsto que los seis detenidos pasen este viernes a disposición judicial, mientras que se prevé que los otros doce arrestados este jueves queden en libertad con cargos hasta que el juez los cite a declarar.

El mismo caso es el de Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona, ha quedado en libertad una vez finalizado el registro en la Autoridad Portuaria de Barcelona. 

Entre los empresarios detenidos están Sergio Lerma, gerente de la constructora Oproler Madrid, que ya fue arrestado en la fase anterior de la operación, así como Josep Manel Bassols, quien en su caso ya es la tercera vez que es arrestado por el 3%.

En el caso de la adjudicación de la reforma de la plaza de les Glòries los investigadores sospechan que el consistorio amañó el contrato a favor de una Unión Temporal de Empresas (UTE), integrado por las sociedades Copisa, Arnó, Comsa y Rogasa. 

Además, los agentes han practicado, por orden judicial, varios registros de empresas en Barcelona y en otros puntos de Catalunya. A las nueve de la mañana, dos patrullas han entrado en la Torre Mapfre, acompañados de la secretaria judicial. El edificio acoge la sede de la aseguradora así como multitud de compañías.

Los hechos incluyen los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, ha informado la Fiscalía Anticorrupción en un comunicado.

'OPERACIÓN PIKA'

Para esta tercera fase de la Operación Petrum los investigadores han elegido el nombre de operación Pika. Ésta, dirigida por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell, se dirige a tres empresas públicas que supuestamente amañaban contratos con otras empresas. 

Se trata de las empresas Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Bimsa (Barcelona d'Infraestructures Municipals SA), en las que agentes de la Guardia Civil están practicando requerimientos de información, registros y detenciones. 

La Guardia Civil sospecha que este dinero pasaba a formar parte de la financiación del partido político, con la participación directa de relevantes responsables de la formación nacionalista.

Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lleida, Madrid, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Berga y Majadahonda son las 12 poblaciones donde se han acordado registros en el marco de la operación que está ejecutando la Guardia Civil.

OPERACIÓN PETRUM

Los registros practicados de este jueves forman parte de una nueva fase de la operación Petrum, también conocida como caso del 3%, que investiga el presunto pago de comisiones ilícitas a cambio de adjudicaciones públicas en Catalunya. 

El caso dio un salto cualitativo en octubre de 2015, cuando la Guardia Civil registró la sede de Infraestructures.cat, la empresa más grande pública licitadora de la Generalidad. Su director general, Josep Antoni Rosell, fue detenido entonces con el tesorero de la extinguida Convergencia Democrática de Catalunya, Andreu Viloca, y siete empresarios.

La causa nació la primavera del 2014 en Torredembarra (Tarragona). Los investigadores descubrieron que el entonces alcalde de la localidad, de CiU, había recibido pagos injustificados por parte de filiales de Teyco, controladas por la familia Sumarroca. A partir de este dato, la Fiscalía Anticorrupción fue deshaciendo el ovillo. 

Y descubrió, en una caja fuerte del empresario Jordi Sumarroca, un documento en el que figuraban anotados pagos correspondientes al 3% exacto de obras públicas adjudicadas por diferentes ayuntamientos controlados por CiU.