Los 450 expropiados de la construcción de PortAventura siguen en pie de guerra
Los afectados quieren recuperar, aunque sea de forma económica, la expropiación de las fincas entre Vila-seca y Salou y en las que ahora se situan hoteles y casinos del parque temático.
Los afectados por las expropiaciones de PortAventura World siguen en pie de guerra y considerando que los terrenos particulares absorbidos dentro del actual parque temático y de su extensión –el Centre Recreatiu i Turístic, conocido anteriormente como BCN World– fueron expropiados y mal pagados.
El plan director urbanístico del CRT aprobado definitivamente –el pasado 29 de diciembre– por unanimidad y presidido por el conseller de Territori de la Generalitat, Josep Rull, la coordinadora de la asociación, creada a finales de la década de los años 80 con la construcción del resort, cree que hay una nueva oportunidad para intentar recuperar, aunque sea de forma económica, la expropiación de aquellas fincas entre Vila-seca y Salou y que en ellas ahora se contemplan hoteles y casinos.
El viernes, a partir de las 18 horas en el Centro –local ubicado en la Plaça de Voltes– la coordinadora hace un llamamiento a los afectados de Salou y de la propia Vila-seca para proponer una nueva estrategia que permita defender los intereses de los 450 afectados. Los afectadsos han invitado al letrado Javier Huarte, del bufete de abogados Tusquets Trías de Bes, de Barcelona, para que exponga una posible estrategia que permita recuperar como mínimo un precio adecuado a las fincas expropiadas en el pasado.
Segun el letrado no se recuperarán las fincas que fueron absorbidas por el parque temático. Pero sí existe dentro de la legislación urbanística la figura de la retasación de aquellas parcelas, puesto que la recalificación de terrenos de rústico a urbanístico "es evidente con lo que se quiere construir en ellas".
EL PROCESO
La demanda empieza con un estudio de los terrenos expropiados y qué planes urbanísticos están previstos con el nuevo plan director. Seguidamente, se debe hacer una valoración económica externa y con ella una reclamación a la Generalitat, responsable última en materia urbanística del CRT de Vila-seca y Salou.
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