Los estibadores desconvocan la huelga tras la oferta de fomento de retrasar la liberalización
El Ejecutivo sigue adelante con su decreto y se coloca en el papel de mediador entre patronal y sindicatos por el conflicto laboral que provoca la reforma.
El Ministerio de Fomento se ha ofrecido a retrasar una semana, hasta el próximo viernes, 24 de febrero, la aprobación en Consejo de Ministros de la reforma del sector de la estiba si se desconvoca la huelga prevista en los puertos para la próxima semana, y la patronal y los sindicatos se sientan a negociar.
Con este gesto, el Departamento que dirige Íñigo de la Serna, que tenía previsto aprobar la modificación del sector este viernes 17, pretende "favorecer el diálogo".
Fomento lanza esta propuesta de vuelta a la negociación justo un día después de que el martes se rompieran las negociaciones entre el Ministerio y los estibadores, que ratificaron así los paros de la próxima semana y avisaran de que convocarán nuevas huelgas en el caso de que la reforma se aprobara finalmente este viernes y sin consenso.
No obstante, la oferta también se lanza horas después de que el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, solicitara al Gobierno en rueda de prensa que aplazara la aprobación de la reforma, "en aras de dar más tiempo para alcanzar un acuerdo con el sector".
En paralelo a la negociación con sindicatos y patronal de la estiba, Fomento ha venido manteniendo contactos con los distintos grupos parlamentarios, dado que la reforma se aprueba a través de un Real Decreto Ley y, por tanto, requiere su posterior convalidación en el Congreso.
En este sentido, la gestora del PSOE ya expresó el martes su consideración de que el Ejecutivo "es está equivocando" en la forma de afrontar la reestructuración de la estiba, porque lo está haciendo "al revés", según indicó su portavoz, Mario Jiménez.
Con todo, y a pesar de que el ministro ratificó a primera hora de la mañana que la reforma se llevaría este viernes al Consejo de Ministros, a través de un comunicado emitido a primera hora de la tarde, Fomento anunció su disposición a que "la modificación de la estiba no se someta a aprobación por parte del Gobierno el viernes y se retrase hasta la reunión del Consejo de Ministros del 24 de febrero, si los sindicatos y la patronal se sientan a negociar".
Además, el Ministerio apuntó como condición "imprescindible" que dicha negociación se desarrolle en un "clima de normalidad que favorezca el diálogo y la negociación", esto es, que previamente se desconvoque la huelga prevista para los próximos días 20, 22 y 24 de este mes, indica Fomento en su comunicado.
SE OFRECE A MEDIAR EN LA NEGOCIACIÓN
El Departamento de De la Serna asegura además que el Gobierno ofrece su mediación a dicha negociación a través del Ministerio de Empleo.
Fomento considera que muchas de las reivindicaciones que los sindicatos plantean no pueden establecerse por Ley y, por ello, "no tienen cabida" en el Real Decreto Ley por el que el Gobierno tiene que reformar el sector de la estiba, dado que además no lo permite la Comisión Europea, que es quien tiene que validar el cambio normativo.
Así, el ministerio sigue adelante con su liberalización y deja el asunto como un conflicto laboral que debe abordarse en el marco de la negociación colectiva entre sindicatos y patronal.
"El Ministerio está convencido de que sindicatos y patronal tienen todas las posibilidades del mundo de sentarse a negociar en el campo de la negociación colectiva dichas cuestiones pendientes que son perfectamente compatibles en dicho marco", argumenta Fomento. Para ello, insiste en que es "imprescindible" la desconvocatoria de los paros.
Fomento manifestó así su disposición a aplazar la reforma a pesar de la urgencia que, según defiende, tiene en aprobarla. Según asegura, está apuntó de fallarse una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en la que se impondrá una multa a España por no haber adoptado antes el régimen de la estiba a la normativa europea.
Con su reforma, el Ministerio plantea un periodo de tres años para romper el monopolio del sector de la estiba, la carga y descarga de los barcos en los puertos. Para ello, desaparecerán las actuales sociedades de servicios portuarios, firmas de las que depende todo el colectivo de 6.150 estibadores y que controla su contratación por parte de las empresa que operan en los puertos.
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