Inquietud entre los funcionarios catalanes por las consecuencias del desafío soberanista
CSIF, sindicato más representativo en las Administraciones, velará por que ningún funcionario catalán se vea en los tribunales como Homs "por atender órdenes ilegales".
Los funcionarios catalanes están inquietos ante un hipotético referéndum independentista en Catalunya.
Y no es para menos, después de las inquietantes declaraciones del defenestrado Santi Vidal, o las del provocador Gabriel Rufián sobre los métodos que se estarían utilizando para obtener datos fiscales de los catalanes u otros para clasificar a jueces según esté a favor o en contra de la independencia.
Tampoco tranquiliza nada el secretismo con que se están llevando las leyes de desconexión y las implicaciones que podría tener su aplicación.
Por estas razones, representantes de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), han mantenido una reunión con la presidenta del Congreso, Ana Pastor, este lunes, para transmitirles el malestar e inquietud que reina entre los trabajadores públicos catalanes respecto al desafío soberanista.
CSIF, sindicato más representativo en las Administraciones, ha asegurado que su organización velará para que ninguno de ellos se vea en los tribunales, como el exconseller de la Presidencia catalán y actual portavoz del PDeCAT en el Congreso, Francesc Homs, "por atender órdenes ilegales".
PROTOCOLO DE DEFENSA JURÍDICA
"No queremos que ningún funcionario que presta sus servicios en Catalunya se vea en una situación como la que está en estos momentos el señor Homs", juzgado por la organización de la consulta independentista del 9N, ha manifestado el presidente de CSIF, Miguel Borra, tras reunirse en el Congreso con la presidenta de la institución.
Por ello, Borra ha explicado que CSIF va a reactivar su protocolo de defensa jurídica para el funcionariado catalán pueda denunciar en la Fiscalía las órdenes de "dudosa legalidad" que propongan de sus superiores.
En concreto, ha destacado que el sindicato ofrece a sus afiliados un seguro en caso de que sean suspendidos de empleo y sueldo y cuentan, además, con modelos para poder denunciar esas órdenes "ilegales" que hayan recibido o pudieran recibir.
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