Las administraciones deben más de 3.500 millones a las farmacéuticas desde 2012

Las administraciones públicas españolas deben 3.530 millones de euros a las empresas farmacéuticas entre 2012 y este mayo, y el plazo medio de pago asciende a 283 días, según ha explicado la presidenta de Farmaindustria, Elvira Sanz.

En rueda de prensa este jueves tras la asamblea general de la entidad en Barcelona, y junto con el director general de Farmaindustria, Humberto Arnés, ha detallado que 3.212 de estos millones corresponden al año pasado, que cerró con un plazo medio de pago de 261 días.

"Tenemos la esperanza de que este segundo plan de pago a proveedores resuelva la deuda tal y como lo hizo el primero", ha afirmado, aunque ha reclamado un instrumento para el cobro automático de la deuda que evita la demora en los pagos relativos a hospitales públicos.

En cuanto al impacto de los reales decretos del Gobierno central en el gasto farmacéutico público, ha precisado que el gasto a través de oficinas de farmacia es de tres cuartas partes de lo que era en su máximo histórico en mayo de 2010, y ha estimado que a finales de este año se habrá contraído un 30%.

Ha augurado también que en 2016, y sin medidas adicionales, este gasto retrocederá hasta niveles de 2002, una reducción "sin precedentes" de la que tampoco se escapa el ámbito hospitalario, en el que el gasto farmacéutico apenas creció el año pasado y el anterior, y para el que se prevé una caída del 3% en tres años.

Las consecuencias de las medidas de ajuste en las farmacéuticas pasan por la pérdida de puestos de trabajo --6.000 desde el inicio de la crisis y más de un millar previstos para este año--; la descapitalización; la reducción de la inversión en I+D, y la pérdida de fuelle en la expansión internacional.

GASTO BAJO CONTROL

"Estamos especialmente preocupados por el acoso a los fármacos innovadores", ha remarcado Sanz, quien ha considerado que el gasto farmacéutico ya está controlado y que ahora se debe proteger la innovación, tanto en pos del progreso terapéutico como de preservar las prestaciones del Sistema Nacional de Salud (SNS).

En concreto, se ha referido a la "incertidumbre" que generan Catalunya, Andalucía y Valencia al adoptar medidas como el establecimiento de equivalencias terapéuticas inadecuadas entre medicamentos, que a su juicio distorsionan tanto la labor del médico a la hora de recetar como la equidad en el acceso a los fármacos en todo el territorio español.

Sanz ha elogiado, no obstante, la voluntad de diálogo de la ministra de Sanidad, Ana Mato, y ha confiado en que la industria no se verá afectada por medidas adicionales porque "lo que estructuralmente se podía hacer desde el Ministerio, ya se ha hecho".