Millet y Montull se sientan en el banquillo por el expolio del Palau

 

La sección décima de la Audiencia de Barcelona juzgará a partir de este miércoles 1 de marzo el expolio del Palau de la Música por parte de su expresidente Fèlix Millet y su mano derecha, Jordi Montull, para quienes el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled pide 27 años y seis meses de cárcel.

Según han explicado a Europa Press fuentes judiciales,  la defensa de Montull está intentando un pacto con el fiscal que implicaría confesar sobre diversos desvíos y que incluiría la supuesta financiación ilegal de CDC a través de esta institución cultural.

De cerrarse un acuerdo, tras producirse varias reuniones en las últimas semanas, todo apunta a que sería un pacto parcial limitado a Montull y a su hija Gemma -exdirectora financiera del Palau de la Música- dada la dificultad de llegar a un acuerdo que implique a todas las partes y que evite el juicio, pues hay 16 procesados, acusaciones particulares y acusación popular.

La alta pena de prisión a la que se enfrenta Gemma Montull -la Fiscalía pide 26 años de prisión- es uno de los motivos que han propiciado las negociaciones de los últimos días en un intento de rebajar sustancialmente los años de cárcel, han informado fuentes judiciales.

Según el guión del juicio, que está previsto que dure hasta el 27 de junio con un total de 55 sesiones, el 1 y 2 de marzo se destinarán a las cuestiones previas que planteen las partes, y hasta el miércoles 8 de marzo no empezarán los interrogatorios a los 16 acusados, que se enfrentan a penas de entre tres y 27 años, según las peticiones del fiscal.

Ese día está previsto que empiece a declarar Fèlix Millet, y a continuación sea Montull, hasta un total de 16 acusados, entre los que está la exdirectora general del Palau Rosa Garicano, para quien el Ministerio Público pide nueve años y seis meses.

También está entre los acusados el extesorero de CDC Daniel Osàcar por los presuntos cobros de comisiones del partido a constructoras a través de la institución cultural.

El fiscal considera que el partido suscribió un "pacto criminal estable" con la constructora Ferrovial a la que presuntamente le facilitó la concesión de obras públicas a cambio de comisiones ilegales, que supuestamente se camuflaron a través del Palau de la Música y superaron los 6,6 millones de euros.

Las declaraciones de los acusados concluirán el 17 de marzo, y entre el 20 y 22 será el turno de los responsables civiles, entre los que está CDC a título lucrativo.

Millet, según explicó este lunes en una entrevista radiofónica, espera no tener que estar presente en todas las sesiones del juicio debido a que, según afirma, a sus 81 años está muy mal de salud, una petición que podrá vehicular durante el juicio.

La acusación popular que ejerce la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (Favb) no prevé oponerse si está justificada esta petición, y confía en que este juicio, que "bombardea el concepto de oasis catalán", acabe con penas de prisión.

HAY 115 TESTIGOS

A partir del 24 empezarán los testigos, en total 115; entre ellos, la presidenta del Palau, Mariona Carulla, y el que fue nombrado director general tras el registro de los Mossos d'Esquadra, Joan Antoni Llinares, y el que era gerente del Orfeó Català, Jordi Vivancos.

También declararán como testigos el extesorero Pau Durán, el exsecretario de la Fundación Palau de la Música Joan Segura y la secretaria de Millet Elisabeth Barberà.

Otros testigos serán los arquitectos de la ampliación del Palau Óscar Tusquets y Carles Díaz, y el extesorero de CDC Andreu Viloca --imputado en el caso 3%--.

También pasarán por el juicio otros testigos como el portavoz de JxSí en el Parlament, Jordi Turull, y los exconsellers Felip Puig, Joaquim Nadal y Pere Macias.

Una vez concluyan todas las testificales y las periciales, para todo el mes de junio se reservan las conclusiones, los informes y el turno de última palabra de los acusados.

ENTRAMADO

Para el fiscal, el entramado en torno a la institución musical estaba encabezado por Millet, que ocupaba la máxima responsabilidad en todas las entidades que conforman el Palau, el cual dirigía "de forma personalísima y con un intenso cariz jerárquico a la vez que carismático".

Su segundo al mando y de absoluta confianza era Montull, que tenía bajo su dependencia a su hija Gemma, cuya relación familiar la amparaba para "la articulación y ejecución de los mecanismos defraudatorios" --desde su incorporación como directa financiera en 2003--, que Garicano consintió con su pasividad a cambio de suculentos y desmesurados pagos.

"Los acusados aprovecharon descaradamente la confianza pública generada por el prestigio cultural y social inherente al Palau de la Música, que envolvía con una aureola de aparente respetabilidad incluso los comportamientos más dudosos", asegura el fiscal.

Con fondos del Palau, Millet y Montull hicieron obras "suntuosas" en sus residencias, falsificando facturas para ocultar los trabajos reales y haciendo constar que eran recibos por supuestas reformas del Palau; el fiscal sostiene que no se ha podido acreditar que los proveedores fueran conscientes del fraude al dejarse llevar por el prestigio de los saqueadores.