El Ayuntamiento de Barcelona ordena el precinto del CIE de la Zona Franca

El Consistorio señala que el centro tendrá dos meses para abandonar las instalaciones y plantea llevar a los tribunales al Ministerio de Interior por incumplimiento.

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ElAyuntamientodeBarcelonaordenaelprecintodelCIEdelaZonaFranca

 

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El Ayuntamiento de Barcelona ha emitido este miércoles la orden de precinto del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca.

Además, plantea llevar a los tribunales al Ministerio de Interior por incumplimiento, ha anunciado el teniente de alcalde Jaume Asens en rueda de prensa.


ElTenienteDeAlcaldeJaumeAsensyelGerenteJoanLlinares


Junto al gerente de Recursos, Joan Llinares, Asens ha explicado que, tras esta orden de precinto, el CIE tendrá dos meses para abandonar las instalaciones, y ha defendido que la orden de cese de julio es firme porque el Ministerio no la recurrió, pero el equipamiento sigue en funcionamiento.

Esta orden de precinto es el trámite administrativo imprescindible antes de que el Ayuntamiento pueda llevar lo que ve un caso de incumplimiento de la normativa municipal a los tribunales, en concreto a la Audiencia Nacional.


Han contactado este mismo miércoles con la Delegación del Gobierno para comunicar la situación --aunque no han podido con el delegado, Enric Millo--, y Asens ha avisado de que el incumplimiento de la orden de cese por falta de licencia de actividad y de medidas de seguridad por parte del Ministerio "frivoliza la seguridad de las personas del CIE, con internos, trabajadores y usuarios. No se puede hacer política con la seguridad".


MEDIDAS CAUTELARES


Asens ha avanzado que ni la Guardia Urbana ni técnicos municipales precintarán el CIE si no cierra en estos dos meses de plazo, porque en los casos entre administraciones se debe resolver en los tribunales la disconformidad, según Llinares, que ha dicho que el proceso judicial puede alargarse entre un año y año y medio, pero que prevén pedir medidas cautelares.


Asens ha defendido que lo lógico sería que fuera el Ministerio el que pidiera las medidas cautelares para evitar el precinto y no el Ayuntamiento para que se haga efectivo, pero el Gobierno de Ada Colau ha "perdido la inocencia en relación a la actitud de lealtad institucional de la administración, por eso confiamos poco en que haga cualquier movimiento, porque ha mantenido una actitud pasiva".


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