Empresas y distribuidores piden que la Generalitat aplace el impuesto a las bebidas azucaradas

Critican que crea mucha confusión y complica la gestión de las compañías que operan en un mercado único | El Govern dice ahora que estudia retrasarlo un mes, pero no puede hacerlo hasta después de su entrada en vigor.

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Bebidas Azucaradas

 

Bebidas Azucaradas


Las empresas de bebidas y de la distribución han pedido a la Generalitat aplazar la entrada en vigor, prevista para el 1 de abril, del nuevo impuesto a las bebidas azucaradas envasadas por considerar "del todo inviable" el plazo fijado.


En un comunicado conjunto, han expresado su "enorme preocupación por la precipitada entrada en vigor" de este nuevo gravamen, del que han criticado que crea mucha confusión y complica la gestión de las compañías que operan en un mercado único.


En concreto, suscriben este planteamiento la Asociación de Empresas de Fabricantes y Distribuidores (Aecoc), la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (Aces), la Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Adeas), el Consejo de Empresas Distribuidoras de Alimentación de Catalunya (Cedac), la Federación Española de Hostelería (Fehr), la Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (Fiab) y Marcas de Restauración, que representa a empresas como McDonald's, KFC, Vips y Rodilla.


Todos ellos defienden no haber tenido "tiempo material" para preparar sus sistemas de gestión y poder asumir el cambio que supone tener que recalcular y modificar el precio de una gran cantidad de productos antes del próximo sábado.


Han recordado que, de acuerdo al texto aprobado, las empresas tienen la obligación de hacer la liquidación del primer trimestre de aplicación del impuesto (abril, mayo y junio) el próximo 1 de julio, lo que exige tener todo el sistema listo para repercutir el impuesto este mismo fin de semana.


"La nueva obligación fiscal requiere de ajustes informáticos, muy costosos en recursos económicos y en tiempo de programación, que no podrán realizarse hasta no conocer los requerimientos incluidos en su desarrollo reglamentario, pendiente de aprobación", han aseverado.


REPERCUSIÓN AL CONSUMIDOR


El sector añade que las implicaciones del nuevo impuesto tampoco se han trasladado "convenientemente a los consumidores a pesar de estar claramente afectados", ya que la ley especifica que las empresas tienen la obligación de repercutir el impuesto al consumidor final, incorporando una cuantía que en algunos casos supera el 50% del valor del producto.


En concreto, el gravamen se aplicará a refrescos o sodas, bebidas de néctar de frutas y zumos de frutas, bebidas deportivas, bebidas de té y café, bebidas energéticas, leches endulzadas, bebidas alternativas de la leche, batidos y bebidas de leche con zumo de fruta, bebidas vegetales y aguas con sabores.


CECOT PIDE RETRASAR TRES MESES EL IMPUESTO


Por su parte, la patronal vallesana Cecot ha pedido por escrito al conseller de Economía, Oriol Junqueras, que retrase tres meses la entrada en vigor del nuevo impuesto.


En un comunicado, Cecot se muestra preocupada por "la inseguridad jurídica que provoca tener que cambiar un sistema en 48 horas".


Por ello, la patronal solicita un periodo de adaptación de un mínimo de tres meses para facilitar "el correcto despliegue de procesos y la adaptación de los sistemas administrativos e informáticos para evitar errores".


EL GOVERN ESTUDIA RETRASARLO UN MES


El Govern estudia retrasar un mes la entrada en vigor del nuevo impuesto y pasarla al 1 de mayo, para dar un tiempo de adaptación al sector.


El Govern anunció este impuesto de pago trimestral en noviembre, pero que se tramitó a través de la ley de acompañamiento de los Presupuestos 2017 de la Generalitat, que no se ha publicado hasta este jueves en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (Dogc).


Fuentes del Govern han explicado que el retraso de un mes es suficiente para que las empresas se adapten a una norma que, por cómo ha ido el calendario parlamentario, ha provocado que el margen entre la oficilización y la entrada en vigor sea de 48 horas.


Y es que la entrada en vigor del impuesto estaba fijada por la ley en el primer día del trimestre posterior a la aprobación, que además cae en sábado.


El problema es que el Govern deberá vehicular la prórroga de un mes para el inicio de la aplicación a través de un decreto ley que pretende aprobarse en el Consell Executiu del próximo martes.

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