Òmnium Cultural y ANC condenadas a pagar una nueva multa de 90.000 euros
La Agencia Española de Protección de Datos sanciona a ambas entidades por tener una base de datos inoperativa en Estados Unidos tras un embargo anterior de 240.000
Òmnium Cultural y la Assamblea Nacional Catalana (ANC) han recibido una nueva sanción de 90.000 euros por parte de la Agencia Española de Protección de Datos por tener una base de datos inoperativa en Estados Unidos. En cuestión de un mes cada una de estas entidades han acumulado sanciones por valor de 3330.000 euros.
De hecho, no es la primera vez que Protección de Datos multa a ambas entidades. Recientemente les ha embargado 240.000 euros por la 'Gigaenquesta' que hicieron las entidades soberanistas en 2014, antes del 9N, para preguntar a los ciudadanos como querrían que fuera una Cataluña independiente.
Tanto la ANC como Òmnium Cultural han querido salir del paso enviando un comunicado en el que alegan que "el Estado sigue así con la estrategia de intentar ahogar económicamente las entidades para frenar el referéndum".
Asimismo, consideran que se trata de nuevo de una multa política que no reconocen y que recurrirán hasta las últimas consecuencias. "El Estado nos vuelve a atacar con una multa de 90.000 euros. Nos negamos a pagar, quieren ahogarnos económicamente para detener el referéndum!", han denunciado desde Òmnium.
Apuntaron, además, que se trata de una sanción "sin precedentes en España" para que la multa, señalaron, "se impone para tener una base de datos inoperativa en Estados Unidos durante el período de tiempo en el que se estaba definiendo el nuevo protocolo internacional sobre datos de alojados en ese país".
En su opinión, la multa es "un claro ejemplo de la persecución que hace meses que el Estado practica hacia las entidades soberanistas, aplicando medidas sancionadoras de excepción" contra la ANC y Òmnium, que promueven el referéndum.
También acusan al Estado de sancionarlas "a partir de una denuncia que no ha podido ser verificada", por lo que consideran que se las ha multado bajo criterios ideológicos con el único objetivo de condenar las entidades que trabajan por el referéndum.
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