Fiscales Anticorrupción denuncian las presiones que sufren por los imputados a los que investigan

 

Tres miembros de la Fiscalía Anticorrupción han solicitado al Consejo Fiscal que preside el fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que les otorgue amparo ante las presiones que están sufriendo por parte de algunos imputados de los procedimientos que investigan en la actualidad.

Se da la circunstancia que dos de estos tres fiscales, en concreto Grinda y Bermejo, han sido apartados recientemente del asunto del 3% donde se investiga la presunta financiación irregular de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC).

Los fiscales explican que este mes de abril han recibido dos denuncias con las que se pretende menoscabar el ejercicio imparcial de su función como acusadores públicos. Una, por parte del exdirectivo de la Banca Privada de Andorra,Santiago Roselló, y, otra, por parte del empresario Rafael Pallardó, imputado en el Juzgado de Instrucción Número 4 de la Audiencia Nacional en el marco del caso Emperador donde se investiga la actuación de la mafia china en España. La primera denuncia se dirige exclusivamente contra el fiscal Grinda y, la segunda, contra él y sus otros dos compañeros de Anticorrupción.

En la primera denuncia, Santiago Roselló, encausado en el marco de la operación Clotilde, carga contra el citado fiscal por haberle acusado de participar en una operación de blanqueo de capitales en la BPA.

En la segunda denuncia se acusa a Grinda, Rosa y Bermejo de haber coaccionado a Rafael Pallardó en una reunión que tuvo lugar el 30 de octubre de 2014 en la sede de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Sin embargo, en su escrito los fiscales desmontan tal acusación y explican que dicha reunión fue autorizada por el fiscal jefe de Anticorrupción en aquellos momentos, Antonio Salinas, y por el ex fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce.

Los fiscales relacionan estas dos denuncias con las diligencias que se investigan en el Juzgado de instrucción Número 38 de Madrid contra los hermanos Cierco, Higini y Ramón Cierco, propietarios de la Banca Privada de Andorra hasta que está fue objeto de intervención por el Estado Andorrano.

Los tres fiscales creen que estas denuncias se corresponden con el intento por parte de los Cierco de alterar el normal funcionamiento de la Fiscalía; puesto que los mismos ya denunciaron anteriormente al comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martin Blas y al director de la Unidad de Inteligencia

Financiera de Andorra, Carlos Fiñana, por obligarles a proporcionar información sobre la familia del expresidente catalán Jordi Pujol.