La Audiencia reabre la causa contra los regidores de Badalona por el 12-O

El tribunal considera que los concejales desatendieron un mandato judicial que les obligaba a no abrir las dependencias municipales. 

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La Audiencia de Barcelona ha ordenado reabrir la causa contra seis concejales de Badalona (Barcelona) que habían sido investigados por un supuesto delito de desobediencia al haber abierto al público el Ayuntamiento el pasado 12 de Octubre.


En su resolución, la Audiencia ha estimado el recurso que la Fiscalía presentó contra el archivo del caso que en enero de este año decretó el Juzgado de Instrucción 4 de Badalona al considerar que la apertura de las dependencias municipales se había limitado a una 'performance'.


Con esta decisión, la Audiencia ha dejado sin efecto este archivo del juzgado, y los ediles Oriol Lladó (ERC); José Antonio Téllez (Guanyem Badalona en Comú); Agnès Rotger (ERC); Eulàlia Sabater, Fàtima Taleb y Francesc Duran (los tres últimos de Guanyem Badalona en Comú) podrían acabar sentándose en juicio en el banquillo de los acusados.


En su razonamiento, el tribunal contradice al juzgado de instrucción y reafirma que existía un mandato judicial "expreso y claro", que los investigados conocían, de que no podían abrir las dependencias municipales tanto al público como a los empleados.


Según la Audiencia de Barcelona, los concejales desatendieron un manado judicial que les obligaba a abstenerse de abrir las dependencias municipales al público y llevaron a cabo "actividades administrativas". Para la sala, está documentado que, pese a que los concejales alegaron que se habían limitado a auxiliar a los ciudadanos a cumplimentar instancias administrativas, "se rellenaron numerosos impresos propios del ente consistorial (formularios) en los que se imprimió el sello de aquel, si bien haciendo constar como fecha la del día siguiente, 13 de octubre".


El juzgado, en su auto de sobreseimiento, razonaba que los encausados --el alcalde en funciones y varios concejales-- no tenían la consideración de empleados públicos y, por lo tanto, su acceso a las dependencias municipales no podría contravenir nunca un mandato judicial.


La Audiencia también rechaza este argumento, pues recuerda que "es el alcalde quien, conforme a las disposiciones básicas del Régimen Local, posee la dirección de la administración municipal y ostenta la jefatura superior de todo el personal".


Por su parte, fuentes municipales han afirmado que los concejales se limitaron a obedecer su "mandato con la ciudadanía" y que se defenderán donde sea necesario.


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