Airbnb planta al ayuntamiento de Barcelona en su lucha contra los pisos turísticos

 

Airbnb se niega a sentarse en una mesa de diálogo con el ayuntamiento de Barcelona. Así lo ha mostrado nuevamente al no acudir a la reunión que han mantenido este lunes las plataformas de pisos de alquiler vacacional y el consistorio de la capital catalana, quien impuso dos sanciones recurridas de 30.000 euros cada una en 2015, y otra después por reincidencia, de un máximo de 600.000 euros, ante la que la plataforma ha presentado alegaciones.

Airbnb ha defendido su postura alegando que es una plataforma suficientemente grande como para no tener un trato diferencial. El director general de Airbnb Marketing Sevices en España y Portugal, Arnaldo Muñoz, ha defendido en un comunicado que la empresa no ha asistido a la reunión porque "es una plataforma diferente al resto de las presentes en la ciudad", ya que las participantes son proveedoras de alojamiento profesional, cuando Airbnb pide respetar la posibilidad de compartir la propia vivienda.

También ha querido defenderse ante los posibles ataques. "Queremos ser buenos aliados y estamos trabajando con las autoridades en soluciones válidas para todos", ha garantizado la plataforma, que ha defendido lo mejor para Barcelona y sus vecinos y ha confiado en alcanzar un acuerdo efectivo contra los malos actores que al mismo tiempo apoye a los ciudadanos que optan por compartir su vivienda.

Airbnb ha dicho que retomaron las conversaciones después de anunciar en febrero que cada anfitrión podría publicar un solo anuncio en Ciutat Vella --algo que el Gobierno de Ada Colau calificó de tomadura de pelo--, y ha asegurado: "Hemos estado siempre comprometidos con ser buenos socios de la ciudad, y en esas reuniones hemos ofrecido diferentes soluciones y propuestas".

Pero en su comunicado no ha dejado de ser beligerante y ha exigido reglas claras y un marco legal que permita a los ciudadanos compartir su primera residencia, y ha sostenido que "el retraso del nuevo decreto de Turismo de la Generalitat" y el hecho de que ésta sea una plataforma diferente provocan que las conversaciones y los acuerdos potenciales sean más complejos.

Una versión muy diferente de la que ha dado el concejal de Turismo, Agustí Colom quien asegura que se la ha excluido porque colabora “en mantener pisos turísticos ilegales que perjudican a los turistas, a los vecinos y también al sector”.

En la misma línea ha hablado la teniente de alcalde Janet Sanz quien "tenemos una normativa, y seremos inflexibles" y ha criticado que Airbnb no haya expresado un claro compromiso ni haya impulsado mecanismos para combatir la oferta de pisos ilegales en su plataforma, motivo por el que la han convocado a la reunión de este lunes con operadores de alquiler vacacional, mientras que Airbnb ha garantizado su voluntad de trabajar con las autoridades para buscar soluciones.

Sanz ha señalado que el ayuntamiento no está queriendo evitar a la compañía y que mantiene una interlocución con Airbnb --con cuatro reuniones en los últimos meses--, "pero no hay un marco expreso para buscar soluciones compartidas ni conjuntas" que sobrepase una relación basada en las inspecciones y sanciones, ha dicho. Pero admite que "el objetivo es que pueda acabar incorporándose".

COMPROMISO CONTRA LOS ALQUILERES IRREGULARES

Pese a la significativa ausencia el ayuntamiento ha establecido un acuerdo con otras cinco plataformas de pisos vacacionales. HomeAway, Booking, Tripadvisor, Rentalia y Apartur sí han asistido a la reunión organizado por el ayuntamiento este lunes y han llegado a un compromiso para combatir de forma conjunta los pisos turísticos ilegales y para "poner en valor la gente que lo está haciendo bien en la ciudad" y opera dentro de la legalidad, ha defendido la teniente de alcalde Janet Sanz.

Sanz ha lanzado un mensaje de "seguridad y tranquilidad a los ciudadanos y a los visitantes" ante la legalidad de los pisos turísticos que ofertan estas plataformas, ha dicho tras una reunión de más de una hora en el Ayuntamiento con representantes de las plataformas, excepto de TripAdvisor, que no ha podido asistir aunque comparte este compromiso.

Junto con Colom, Sanz ha señalado que han convocado a la reunión a plataformas que "han demostrado una muy buena predisposición para poder encontrar espacios de colaboración, trabajo conjunto y corresponsabilidad por un gobierno equilibrado del turismo" que haga compatible la vida de ciudadanos y visitantes.

Colom ha añadido que todas estas empresas están trabajando para eliminar la oferta ilegal de sus plataformas y mantienen un "nivel de compromiso fehaciente y real" con este objetivo, y Sanz ha abogado por buscar mecanismos de control y equilibrio del turismo, también con inspecciones y sanciones a las plataformas que publiciten pisos ilegales.

Sanz ha avanzado que prevén reunirse con las plataformas dentro de un mes o mes y medio, con un calendario que pretenden que sea regular para trabajar en el asunto, y ha dicho que las plataformas han expresado inquietudes --como la diversidad de regulaciones según la ciudad en la que se opere-- y su comprensión por la situación de Barcelona, "de conflicitividad que en algunos casos se expresa en la calle.

UNA REUNIÓN PARA LIMAR ASPEREZAS

Colom ha señalado que las plataformas pueden contribuir a avanzar hacia un turismo más responsable y sostenible y que abordarán sus inquietudes en próximos encuentros, en el que también plantearán fórmulas para incrementar el retorno de los beneficios que genera el turismo a la ciudad, algo que podría hacerse mediante políticas de responsabilidad social corporativa de las plataformas, ha señalado.

Ha dicho que las empresas participantes se benefician porque "instalarse en el espacio de la legalidad mejora su reputación"; tienen un diálogo directo y estable con el ayuntamiento, y garantizan al turista que ofrecen alojamientos legales con garantías y prestaciones mínimas en los que no se encontrarán inspecciones ni problemas imprevistos.

Preguntada por la sanción a HomeAway de un máximo 600.000 euros por haber seguido anunciando pisos ilegales, Sanz ha señalado que, con este espacio de colaboración y con las alegaciones que presente, se acabará "concretando la evolución de este expediente", posterior a dos sanciones de 30.000 euros impuestas en 2015, una de las cuales se pagó y la otra fue recurrida.

El presidente de la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur), Enrique Alcántara, que ha comparecido tras Sanz y Colom, ha recordado que su entidad aúna a unas 240 empresas que gestionan 7.000 de los 9.600 pisos legales de la ciudad, que generan 2.100 puestos de trabajo directos y 5.000 indirectos, ha destacado.

Ha pedido explicar los beneficios de los apartamentos legales y ha asegurado que los ilegales se están reduciendo desde hace cerca de un año, por lo que el "esfuerzo del ayuntamiento" con las inspecciones está teniendo su efecto, ha dicho.