La mitad de personas con discapacidades intelectuales perderían ayudas de inserción en Catalunya

 

Cientos de entidades sociales han mostrado su desacuerdo con el recorte que han sufrido las subvenciones que recibían las personas discapacitadas que querían incorporarse en el mundo laboral.

La Associació Empresarial d'Economia Social (Aees Dincat) y AMMFEINA SMC han enviado un comunicado en  nombre del total de 264 entidades sociales donde se oponen a que se reduzcan o desaparezcan los apoyos para trabajar específicos para las personas con discapacidad intelectual y trastorno mental, tal como ocurriría si se aplica la nueva normativa. Aseseguren que supondría una pérdida sustancial de derechos de estas personas y limitaría su acceso a un puesto de trabajo, su progresión laboral, y la conservación de este sitio de trabajo.

A principios de abril, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies informó las entidades del sector de la discapacidad de su voluntad de introducir cambios en la normativa que regula las subvenciones para estas acciones de apoyo, con un documento titulado " nuevas Órdenes de apoyo a la inserción laboral de personas con discapacidad ". De la información que contiene este documento resulta que un 50% del total de personas perderían las ayudas que recibían el 2015 a través de las Unidades de Apoyo a la Actividad (USAP) en los Centros Especiales de Trabajo (CET).

Las Unidades de Apoyo a la Actividad (USAP) son equipos multidisciplinares formados por psicólogos, trabajadores sociales y monitores especializados que tienen la misión de ayudar al trabajadores con discapacidad a sortear los obstáculos que pueda representar el puesto de trabajo, así como en la permanencia y la progresión en el lugar de trabajo.

Los responsables de las federativas consideran inaceptable este nuevo agravio que se añade a los efectos de las restricciones instauradas desde el año 2011, cuando la Administración incluyó los topes al mantenimiento del puesto de trabajo y los apoyo de las USAP para las nuevas contrataciones.

Las entidades exigen al Gobierno que las nuevas órdenes de apoyo respeten o mejoren en todos sus términos lo que era garantía a las bases vigentes al finalizar el ejercicio 2010 y que se ajuste la dotación presupuestaria de cada una de estas convocatorias hasta garantizar que beneficien a todas las personas con discapacidad de especial dificultad contratadas en CET.

En Catalunya hay más de 200 Centros Especiales de Trabajo (empresas formadas por al menos un 70% de personas con discapacidad) que facilitan el empleo de miles de personas con discapacidad. Lo demuestra el hecho de que su tasa de trabajo fuera del 33,9% y la de paro del 31%, según datos del Instituto Nacional de Estadística correspondientes al año 2015 (el último con información). Unas cifras que se sitúan muy por debajo de los correspondientes al col·lectivo de personas sin discapacidad para el mismo 2015, con una tasa de actividad del 81,8% y una tasa de paro del 20,9%.