La Fiscalía advierte que la compra de urnas conduce a una "situación de enfrentamiento"

 

La Fiscalía Superior de Catalunya ha presentado formalmente una querella contra la consellera de Governació, Meritxell Borràs y el secretario general del departamento, Francesc Esteve, por convocar la compra de 8.000 urnas para convocar el referéndum. En la querella se alude a los supuestos delitos de desobediencia, malversación y prevaricación en un relato de 52 páginas, según informan varios medios.

En el texto presentado ante el Tribunal Constitucional asegura que la licitación "conduce al pueblo español y a todos los ciudadanos de Catalunya a una indeseable crítica situación de enfrentamiento.

La imputación a los responsables de la Conselleria de Governació se debe a que en el texto del DOGC aparece és como destinatario, aunque en el ningún momento aparece expreso que las urnas serán destinadas para llevar a cabo el plebiscito. Por eso el fiscal José María Romero de Tejada presenta como pruebas las declaraciones vertidas por varios miembros del Govern en los últimos meses: des de las vertidas por el vicepresident, Oriol Junqueras, realizadas en Estados Unidos, la portavoz Neus Munté o el president del grupo parlamentario de Junts pel Sí, Jordi Turull.

El letrado alega que se trata de una estrategia de los responsables del Govern para intentar "enmascarar formalmente la preparación del referéndum” con una “fórmula” que “no concretara el destino de la licitación” y “aparentara no implicar una disposición de fondos públicos”. Pero Romero de Tejada expresa al tribunal que se trata de un fin que desprecia la Consitución.

En este sentido, la querella asegura que Borràs y Esteve “decidieron adoptar las medidas encaminadas a obtener los medios" para celebrar el plebiscito “pese a tener pleno conocimiento de la inconstitucionalidad de llevar a cabo este referéndum de autodeterminación”.