La Fiscalía amplía la querella contra Borràs por el anuncio de Puigdemont y las declaraciones de Guardiola

 

El fiscal superior de Catalunya ha presentado este martes una ampliación de la querella por la compra de urnas contra la consellera de Gobernación de la Generalitat, Meritxell Borràs, y el secretario general del departamento, Francesc Esteve, en el que incluye el anuncio de fecha y pregunta para el referéndum.

En su escrito, el fiscal considera que el anuncio del viernes 9 de junio sobre que el referéndum será el 1 de octubre y que se preguntará si quieren que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república "refuerzan la tesis" de la querella de que las urnas que quiere adquirir el Govern son para usar en dicha consulta.

Además, incluye en la querella el acto político del domingo en Barcelona convocado por la ANC, Òmnium y la AMI, en el que participaron los miembros del Govern, y que el procedimiento de licitación de urnas ha avanzado concurriendo empresas como Suministros Integrales Futbida SL y Plastic Express SL.

El escrito de la Fiscalía, de este mismo martes, se ha presentado ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), que todavía no se ha pronunciado sobre la admisión a trámite de la querella, del 16 de mayo. Por eso, el fiscal, además de solicitar esta ampliación, pide al tribunal una pronta resolución por parte del TSJC "a la vista del curso de los acontecimientos".

El fiscal sostiene que el inicio de trámites para la compra de urnas, tal y como consta en un acuerdo marco de la Conselleria de Gobernació publicado en el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) el 9 de mayo, "no tiene otra finalidad que la de utilizar el material adquirido en la realización de un referéndum".

Este acuerdo marco prevé el suministro de urnas para 'las elecciones en el Parlament, consultas populares y otras formas de participación ciudadana', tal y como consta en el texto de la licitación publicado en el Dogc.

Recuerdan que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado "de forma tajante y contundente" considerando dicho referéndum contrario a la Constitución y al ordenamiento jurídico.

El fiscal recoge en este último escrito que tras la presentación de la querella se han producido "determinados acontecimientos que refuerzan la tesis sostenida en la querella".

Así, cita el anuncio hecho público por el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, "de su firme voluntad, expresada con toda solemnidad junto al gobierno que preside y del que forma parte la querellada", de llevar a cabo el referéndum el día 1 de octubre con la pregunta: '¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?'.

"Más allá de que dicho anuncio no haya venido acompañado de ninguna resolución jurídicamente valorable, es indudable que resulta un dato de enorme trascendencia en orden a ponderar el empleo ilícito del material a suministrar", argumenta.

Para el Ministerio Fiscal, este anuncio solemne se completa con el acto del domingo ya que en él "reafirmaron la decisión adoptada".

Sobre las empresas que han concurrido al proceso de licitación de urnas, avisa de que podrían, con su intervención, "facilitar los fines pretendidos por los querellados y participar, como destinatarios finales de los fondos públicos, en la realización de un gasto ilícito".

EL QUERELLADO FRANCESc ESTEVE, DIRECTOR DEL GABINETE JURÍDICO

Pero en vez de rectificar, la Generalitat ha nombrado este martes a Francesc Esteve Balagué director del Gabinete Jurídico de la administración catalana, por lo que deja de ser secretario general de la Conselleria de Gobernación, y contra quien Fiscalía se ha querellado por la compra de urnas.

En la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la portavoz del Govern, Neus Munté, ha asegurado que Esteve aporta las máximas garantías desde la perspectiva jurídica y ha destacado su "compromiso político" con el proceso soberanista que impulsa la Generalitat.

La Fiscalía se ha querellado contra Esteve y también contra la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, por la licitación de urnas que ha impulsado la Generalitat.

Munté ha destacado la "pulcritud" del trabajo de Esteve como secretario general, y ha insistido en que la querella no tiene fundamento porque la licitación de urnas es perfectamente legal.

La Generalitat ha argumentado varias veces que Andalucía también compró en su día urnas propias, por lo que lamenta que la Fiscalía se querelle ahora contra el Govern por lo mismo.

La vacante de Esteve en la Secretaría General la ocupará Meritxell Masó i Carbó, hasta este martes secretaria de Administración y Función Pública del mismo departamento, y que también ha trabajado en el proceso de la compra de urnas pero que no figura entre los querellados.

Y Esteve cubrirá la vacante que deja Margarida Gil i Domènech, a quien el Govern ha situado como nuevo miembro del Consell de Garanties Estutàries, el órgano consultivo de la Generalitat que se pronuncia sobre la constitucionalidad y estatutariedad de las leyes catalanas.

El Govern tiene la potestad de nombrar a Gil, licenciada en Derecho, porque le corresponde designar a una parte de los miembros del Consell, pero hay otros juristas del mismo órgano con el mandato caducado, pese a lo cual no han sido relevados por la falta de consenso entre los grupos del Parlament.

El Consell de Garanties Estatutàries podría convertirse en un órgano clave en los próximos meses, ya que con toda probabilidad deberá pronunciarse sobre las leyes de 'desconexión' que preparan los soberanistas en el Parlament, y sus dictámenes no son vinculantes, aunque el Govern acostumbra a cumplirlos.

El Govern también ha decidido este martes nombrar miembro de la Comisión Jurídica de la Generalitat a Maria Mercè Darnaculleta i Gardella, profesora de derecho administrativo de la Universitat de Girona (UdG) y que ha sido decana de su Facultad de Derecho.