La gestión de Puigdemont como alcalde de Girona, en el punto de mira de la Fiscalía

 

El Juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad de Girona ha recibido un informe de la Agencia Tributaria que denuncia desvío de fondos en la empresa que gestiona el abastecimiento de aguas en el municipio durante la etapa en la que el actual President de la Generalitat era alcalde (2011-2016).

Según ha podido saber 'El Confidencial', la empresa encargada del agua, Agissa SA, participada al 20% por el consistorio de Girona (junto con los de Salt y Sarriá de Ter) y al 80% por la firma privada Girona SA, habría arrancado con sus irregularidades en 1998.

Según los peritos de Hacienda, éstas continuaron también durante el mandato de Puigdemont, con su presunto conocimiento de los hechos. Además, los investigadores creen que los movimientos del dinero también tendrían que ver con otro caso de financiación ilegal del Convergència (CDC).

PROCEDENTE DEL CASO 3%

Según explica esta cabecera, gracias a fuentes cercanas a las pesquisas, el informe que ha llegado a Girona viene del Juzgado de Instrucción número 1 de El Vendrell (Tarragona). El titular de este juzgado encargó el informe después de que los agentes de la Guardia Civil que investigan el 'caso 3%' detectaran conversaciones sobre anomalías en Agissa.

Además, accedieron a auditorías que cuestionaban el procedimiento que se utilizó en Girona para renovar la concesión de esta empresa cuando Puigdemont era alcalde -en 2013-. A pesar de que Hacienda remitió sus conclusiones a El Vendrell, se ha decidido por separarlo del 3% y enviar el informe a Girona, que instruye su propia causa sobre Agissa desde julio de 2016.

EL CASO SE ABRIÓ POR UNA QUERELLA DE LA CUP

El caso se abrió por una querella que presentó la CUP contra directivos de Agissa por el presunto trasvase irregular de fondos desde la parte pública de la empresa a la parte privada. De hecho, el consejero delegado de Agissa hasta junio de 2016, Narcís Piferrer y su sucesor en el cargo, Xavier Ballell, están imputados por administración desleal y apropiación indebida.

La CUP denuncia que Agissa subcontrató con Girona SA el servicio de inspección de tuberías, cuando esa labor entra en las funciones de la empresa mixta y cuando el ente público tiene muchos más trabajadores que el privado -60 contra 5-. También se habrían realizado subcontrataciones fraudulentas con el alquiler de locales, servicios de seguridad y otros trabajos auxiliares.

Ahora, con este nuevo informe de El Vendrell, el caso podría dar un salto cuantitativo ya que las conclusiones van más allá de las contrataciones irregulares y entran de lleno en los políticos que toleraron dichas prácticas.

TRABAJOS NO ACREDITADOS

Según el documento de Hacienda, al que ha tenido acceso El Confidencial, "Girona SA ha facturado a Agissa cada año 400.000 euros por la supuesta prestación de unos servicios de dirección de los que solo habría resultado acreditada la prestación de servicios por un importe algo superior a 100.000 euros, llegando incluso a estar cobrando Girona SA más de 50.000 euros al año por los supuestos trabajos de un director de servicios cuando resulta que hace más de 20 años que dichos servicios se prestan por personal propio de Agissa". "En total", cuantifican los peritos, el perjuicio supondría "más de cinco millones de euros".

Otro fraude detectado por los expertos de la Agencia Tributaria denuncian que hasta 2013 se habría producido por un acuerdo que permitía a los accionistas de Agissa repartirse dividendos sin tener en cuenta la totalidad de los gastos de explotación.

Por este método, "Girona SA y los ayuntamientos [propietarios del otro 20% de Agissa] se habrían venido repartiendo de manera encubierta unos dividendos de 400.000 euros para Girona SA y de entre 200 y 300.000 euros para los ayuntamientos, además de unos dividendos 'oficiales' para Girona SA de 60.101 euros cada año. Total: 10 millones de euros", explica El Confidencial.