Los profesores interinos se concentran en el Palau de Pedralbes para denunciar la precariedad laboral

 

Los sindicatos UGT, CC.OO. y CSIF han convocado varias concentraciones en todo el Estado para exigir al Gobierno que reclamar que el personal de administración y servicios (PAS) de las universidades públicas tengan la misma estabilidad que se ha comprometido para el resto de sector público y que sean incluidos en los Presupuestos Generales del Estado.

En el caso de los siete universidades públicas catalanes, y atendida la coincidencia de que el mismo día está prevista una reunión del Consell Interuniversitari de Catalunya, con presencia de todos los rectorados, los sindicatos han decidido convocar una concentración conjunta de delegados y delegadas sindicales, así como del conjunto de personal universitario, a la entrada del Palau de Pedralbes, donde tendrá lugar la reunión.

Con estas movilizaciones los sindicatos quieren "denunciar la precariedad laboral y defender la estabilización del Personal de Administración y Servicios de los universidades públicas, exigiendo que se incorporen en los PGE, que se están tramitando ahora en el Senado", aseguran desde UGT. 

A la vez quieren saber cómo se dará el paso de los agregados interinos del Personal Docente Investigador (PDI), que ya fueron incluidos en su momento los PGE, para evitar más trabas en su proceso de estabilización como plantilla de la universidad.

CSIF, UGT Y CC.OOO llevan tiempo reclamando la incorporación del conjunto del PAS a la posibilidad de estabilización del empleo temporal y durante la tramitación en el Congreso de los Diputados del Proyecto de Ley de PGE 2017 los sindicatos han logrado que se incluya en dicha previsión de estabilización al Personal Docente e Investigador, pero nuevamente ha sido postergado y excluido de la estabilización el Personal de Administración y Servicios (PAS) de las universidades.

Estos tres sindicatos suscribieron el pasado 29 de marzo con el Gobierno el “Acuerdo para la Mejora del Empleo Público”, dirigido a la dotación y estabilización de más de 350.000 puestos de trabajo en diversos sectores de la administración, incluidas también las universidades públicas. 

Los sindicatos aseguran que si se siguieran sus recomendaciones, se permitiría la convocatoria de plazas que, desde hace al menos tres años, vienen estando ocupadas por personal con una vinculación temporal, de forma que se pueda reducir.