El Govern rechaza sumarse al Pacto de Estado contra la Violencia de Género

La presidenta del Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada, se ha justificado alegando que la Generalitat está preparando uno a niveñ catalán. 

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Violencia gnero

 

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Los caminos del nacionalismo y del independentismo pueden llevar a terrenos peligrosos. Una prueba evidente es la decisión que ha tomado el Govern para negarse a participar en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una lucha que no entiende de fronteras. De hecho, en Catalunya ya han muerto cuatro mujeres por agresiones machistas.


La presidenta del Institut Català de les Dones (ICD), Núria Balada, ha evitado sumarse al Pacto y en una reunión de representantes de las comunidades autónomas en Madrid, ha afirmado: "No podemos vincularnos a un Pacto cuando desde Catalunya estamos trabajando para un Pacto Nacional contra la violencia machista con todas las instituciones y entidades de Catalunya". 


Balada y la directora general de Igualdad de la Generalitat, Mireia Mata, han pedido "respeto" para las estrategias y estructuras que se han creado en Catalunya, durante la Comisión Sectorial de Igualdad que se ha celebrado este jueves en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha explicado en un comunicado la Conselleria de la Presidencia del Govern.


"En Catalunya somos pioneros en el trabajo territorial y en red porque es la forma más efectiva de transformar la sociedad y nos hemos dotado de leyes y estructuras", ha dicho Mata, que ha puesto como ejemplo el Programa de intervención integral contra la violencia machista, que permite avanzar en prevención, sensibilización, detección, atención y recuperación a víctimas y a sus hijos.


Balada ha remarcado que trabajan desde hace años con entidades e instituciones, bajo el paraguas de la Comisión Nacional para una Intervención Coordinada contra la Violencia Machista, formada por 60 agentes sociales.


En la reunión de este jueves también han mostrado su desacuerdo por los criterios de reparto y la distribución del crédito que el Estado otorga a las comunidades autónomas para programas y prestación de servicios para víctimas de violencia machista, algunos de los cuales se reparten de forma homogénea.

Catalunya se ha abstenido en la votación para la aprobación de los criterios de reparto de este dinero, junto a Baleares, la Comunidad Valencia y Navarra.



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