Montoro prevé sanciones penales para los que paguen impuestos estatales a la Hacienda catalana

 

Montoro recuerda que "las declaraciones se tendrán por no presentadas y las deudas, por no pagadas". 

El Ministerio de Hacienda ha advertido con la posibilidad de imponer sanciones, que podrían llegar a la vía ejecutiva, es decir, embargos, o incluso derivar en responsabilidad penal, para las personas físicas y jurídicas que presenten las declaraciones de impuestos exclusivos del Estado en la Agencia Tributaria Catalana.

El departamento que dirige Cristóbal Montoro ha emitido un comunicado al hilo de la presentación de la Agencia Tributaria Catalana que han realizado el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont y su vicepresidente, Oriol Junqueras. Ambos han asegurado que la citada Agencia está preparada para recaudar todos los tributos en Cataluña si sale el "sí" en el referéndum independentista que quieren hacer el 1 de octubre.

Hacienda ha querido aclarar que la Generalitat de Catalunya, al igual de las demás CCAA de régimen común, dispone de su propia Administración Tributaria, que es competente para gestionar sus propios tributos y los tributos estatales cuya recaudación se cede íntegramente a las CCAA de régimen común.

Este es el caso del Impuesto sobre el Patrimonio, el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, los tributos sobre el Juego y el Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

Sin embargo, el Ministerio ha recordado que para el resto de tributos la normativa establece que los deberes de presentar las declaraciones y de pagar las deudas tributarias "sólo se tienen por cumplidos si se realizan en la Administración Tributaria competente". Es decir, que si los contribuyentes presentan las declaraciones y liquidan sus impuestos ante otra Administración "las declaraciones se tendrán por no presentadas y las deudas, por no pagadas".

COMPROBACIÓN Y APREMIO

La consecuencia de no presentar las declaraciones en el lugar correcto, según Hacienda es que, en el caso de los impuestos cuya gestión corresponde al Estado, la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) "podría iniciar procedimientos de comprobación, liquidar la deuda tributaria e imponer sanciones, así como iniciar el procedimiento de apremio para hacer efectivo el importe de la deuda", es decir, que podrían incluso embargar bienes.

Además, estas conductas podrían llegar a ser "constitutivas de delito" contra la Hacienda Pública. En este sentido, el departamento de Montoro ha querido recordar que las personas jurídicas "no tienen sólo responsabilidad tributaria, sino también responsabilidad penal", de acuerdo con el Código Penal.

En este sentido, el Ministerio de Hacienda ha advertido que sus administradores pueden incurrir en "responsabilidad tributaria", como responsables solidarios o subsidiarios del pago de la deuda tributaria defraudada, en función de su grado de participación en la infracción tributaria.

FALTA DE PERSONAL

La asociación de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que la Agencia Tributaria de Catalunya necesitaría ampliar su plantilla en más de 4.000 nuevos efectivos para poder asumir las competencias de los tributos estatales si se consumara la independencia.

Gestha realiza esta apreciación a raíz de que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el vicepresidente económico, Oriol Junqueras han presentado el despliegue territorial y competencial de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) en una rueda de prensa en la que han avisado de que la Generalitat ya estaría preparada para gestionar todos los tributos si gana el "si" en el referéndum independentista que quieren realizar el 1 de octubre.

En este sentido y a pesar de que Puigdemont ha asegurado que la estructura territorial de hacienda para hacer frente a estas funciones, los Técnicos de Hacienda advierten de que se requeriría un Plan de Empleo o de una Oferta de Empleo Público que sumara 4.234 nuevos miembros a la plantilla de la Agencia Tributaria catalana para gestionar los tributos estatales con el mismo número de empleados que en la actualidad.

En cualquier caso, los técnicos de Hacienda recuerdan que la economía sumergida en Catalunya ronda el 24,6 por ciento del PIB, al igual que la media estatal, por lo que para reducir el fraude "se tendría que duplicar la plantilla actual de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y aumentar sus competencias y responsabilidades, entre otras medidas".

De hecho, lamentan que la administración tributaria española cuente solo con la mitad de efectivos que la media de los países de la UE.

Por este motivo, Gestha ha advertido de que "no hay un verdadero aumento de plantilla" con los 220 empleados procedentes de los registros de la propiedad que continuarán realizando la gestión que ahora ha recuperado la Agencia Tributaria de Catalunya del impuesto de Transmisiones patrimoniales y del de Sucesiones y Donaciones. Este impuesto ya lo vienen gestionando directamente las administraciones tributarias de otras comunidades autónomas, como Andalucía, Baleares, Asturias o Canarias.

Por otra parte, Gestha destaca que con el despliegue de 32 oficinas de la ATC, la Generalitat apuesta claramente por la "descentralización", precisamente "al contrario" que la Agencia Estatal, "a pesar --dicen-- de que supone una ventaja a la hora de gestionar con efectividad los tributos por esa mayor proximidad al ciudadano y al conocimiento de los hechos imponibles".

Con este despliegue, el Govern dice estar preparado para gestionar los tributos de forma independiente a partir del próximo 1 de octubre. Sin embargo, los Técnicos de Hacienda destacan que está lejos de ser una realidad, pues el Gobierno de España presentará un recurso de inconstitucionalidad contra cualquier norma que altere el marco vigente y el Tribunal Constitucional suspenderá la misma.

LA ATC CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE

En este contexto, los Técnicos recuerdan que, hasta la fecha, la ATC cumple con la normativa fiscal y competencial vigente en España. Señalan los Técnicos que la ATC se modificó de acuerdo con los principios del Código Tributario de Catalunya, que se aprobó el pasado mes de julio, dentro de las posibilidades que permite la Ley General Tributaria (LGT) y la normativa que regula el actual sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y las ciudades con estatuto de autonomía.

Precisamente, este Código se redactó como un calco de la normativa estatal para evitar que se declarase inconstitucional y así pudiera salir adelante, aún con el rechazo de toda la oposición del Parlament. Lo mismo que sucede con la Agencia Tributaria catalana, que presenta pocas novedades respecto a la estructura de la AEAT.