La web del referéndum ya está cerrada por orden del juez

 

Así se lo ha asegurado al Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro.

La Guardia Civil ha clausurado este miércoles la página web referendum.cat por orden del Juzgado número 13 de Barcelona, cuyo titular es Juan Antonio Ramírez, han informado fuentes conocedoras de la intervención.

Se trata del mismo juez que el 3 de marzo encargó a la Guardia Civil la labor de policía judicial en la causa abierta a raíz de las conferencias del exsenador de ERC Santiago Vidal, quien reveló que el Gobierno catalán tenía una partida camuflada de 400 millones para el referéndum ilegal del 1 de octubre y crear estructuras de Estado.

En el marco de estas pesquisas, el juez Ramírez ha llamado a declarar a numerosos altos cargos de la Generalitat implicados en los preparativos del 1-O.

La página web referendum.cat puesta en marcha por la Generalitat de Catalunya para informar sobre el referéndum de independencia del próximo 1 de octubre ya no se encontraba operativa esta tarde.

INSPECCIONES

Esta mañana el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha asegurado que el interventor de la Generalitat "no conoce el origen de los recursos" con los que se ha pagado la web puesta en marcha para organizar el referéndum del 1 de octubre ni el anuncio llamando a votar, y que su departamento estudia el asunto porque "de ello se derivarán las consiguientes responsabilidades".

Hacienda recibe semanalmente un informe de la Intervención de la Generalitat, firmado hasta ahora por el vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, en el que se certifica que ningún euro público se destina a sufragar gastos del referéndum, pero según ha explicado Montoro, el interventor no ha podido acreditar cómo se ha pagado esa web y ese anuncio.

"Es muy preocupante que ocurra esto en un país desarrollado y civilizado, que un poder público esté haciendo un gasto público y que la Intervención no es capaz de informar sobre el origen de los recursos públicos", ha dicho el ministro en declaraciones en los pasillos del Senado.

NI DINERO PÚBLICO NI PRIVADO

Ha asegurado que su departamento tiene que "clarificar" la información recibida del interventor porque "de ello se derivarán las consiguiente responsabilidades". "Ningún dirigente público ni funcionario puede usar un euro público para actividades ilegales", ha recalcado.

Montoro ha dejado claro que tampoco pueden las instituciones públicas recibir dinero privado para una actividad ilegal, "otra ilegalidad todavía mayor por parte de quien esté aportando esa financiación".

Ha insistido en que de momento no tiene más detalle y que deberá dar explicaciones quien hasta ahora ha refrendado esos informes de la Intervención, "el responsable político", en referencia al vicepresidente Junqueras.