Puigdemont, Junqueras, Forcadell y Colau piden a Rajoy y el Rey un referéndum pactado

 

Carles Puigdemont, Mariano Rajoy y Ada Colau durante la manifestación contra el terrorismo tras el atentado de Barcelona.

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, el vicepresidente, Oriol Junqueras, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell y la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, han remitido una carta al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con copia al Rey Felipe VI, en la que piden "diálogo abierto y sin condiciones" para acordar la celebración del referéndum.

La carta critica la "ofensiva de represión sin precedentes" puesta en marcha por el Gobierno e insiste en el amplio apoyo de la sociedad catalana a la celebración de la consulta.

También recuerda la suspensión de artículos del Estatut por parte del Tribunal Constitucional (TC) y reitera que "escuchar la voz de la ciudadanía no es un problema y aún menos un delito" en democracia. A la carta ha tenido acceso a primera hora Rac1 y se publica también en el 'Financial Times'.

Así, propone resolver el conflicto abierto mediante la convocatoria de un referéndum de autodeterminación que lamentan que no cuente con el apoyo del Gobierno, algo que sería "deseable y se ha pedido reiteradamente por una amplia representación de parlamentarios y la sociedad catalana" tal y como se ha expresado en las elecciones al Parlament y en las manifestaciones de la Diada.

Apunta que para tal fin se estableció el Pacte Nacional pel Referèndum, cuyos responsables están siendo interrogados por la justicia "como si se tratase de una actividad ilícita" a pesar de que el Pacte jamás fue invalidado por el TC.

Este es el texto de la misiva completo: 

"Los conflictos políticos se resuelven, en los sistemas democráticos, a través de propuestas políticas que son consecuencia de negociaciones y diálogo. Entre Catalunya y el Estado español existe un evidente conflicto político que viene de lejos y que hemos intentado resolver con el máximo acuerdo y diálogo. Pero la respuesta siempre ha sido con una negativa o con un recorte insostenible. Cuando el Tribunal Constitucional tumbó el Estatut que previamente había sido votado por los parlamentos catalán y español y aprobado en referéndum por los ciudadanos de Cataluny, se rompió el pacto constitucional de 1978. Posteriormente se han formulado propuestas como un pacto fiscal en la línea del concierto económico de que dispone el País Vasco o una consulta no vinculante para conocer la opinión de los catalanes, pero todo ha sido en vano. El 'no' ha sido la única respuesta.

Este conflicto, después de haber intentado todas las vías anteriores, el Gobierno de Catalunya propone resolverlo convocando un referéndum de autodeterminación para el próximo día 1 de octubre. Este referéndum no cuenta, como es conocido por todo el mundo, con el acuerdo del Estado español, como habría sido deseable y como se ha pedido reiteradamente por una amplia representación de los parlamentarios y de la sociedad catalanes. En concreto, se constituyó un espacio llamado 'Pacte Nacional del Referèndum' que aspiraba a abrir un diálogo que finalmente tampoco fue posible. De hecho, hoy la justicia española está interrogando a los responsables de aquel Pacto, aprobado por el Parlament y nunca invalidado por el Tribunal Constitucional, como si se tratara de una actividad ilícita.

Lejos de abrir la puerta al diálogo, el Estado español ha iniciado una ofensiva de represión sin precedentes en que contempla desde la limitación al derecho fundamental a la libertad de expresión, impidiendo actos públicos y amenazando a medios de comunicación, hasta la detención del 75% de los alcaldes de Catalunya por haberse mostrado dispuestos a participar en el referéndum. En este proceso, ha presentado querellas penales contra todo el Gobierno de Catalunya y contra la mayoría de la mesa del Parlament, ha clausurado la web informativa del referéndum, ha prohibido la difusión de información y publicidad, ha politizado órganos que tendrían que ser independientes, como el Tribunal Constitucional o el mismo Poder Judicial... Todo esto, a pesar de que el Código Penal español confirma que convocar un referéndum, aunque sea sin acuerdo, no es nunca un delito.

Por otro lado, el apoyo de la sociedad catalana a la celebración de un referéndum es incuestionable desde todos los puntos de vista. Los resultados electorales así lo confirman, como también las resoluciones parlamentarias y las movilizaciones masivas de cada 11 de septiembre, que de manera reiterada y desde el 2012 mueven millones de personas. Movilizaciones siempre pacíficas y convivenciales.

Es por eso que queremos hacer un nuevo llamamiento al diálogo al Gobierno español, y en particular a su presidente, Sr. Mariano Rajoy. Un llamamiento al diálogo para abordar de qué manera nos podemos poner de acuerdo para que los catalanes celebremos el referéndum. Un diálogo abierto, sin condiciones. Un diálogo político, desde la legitimidad que cada uno representa, para hacer posible lo que en democracia nunca es un problema, y todavía menos un delito: escuchar la voz de la ciudadanía.

Nos dirigimos, en este sentido, al presidente Mariano Rajoy y enviamos una copia al jefe del Estado, SM el rey Felipe VI, para que entienda que no dialogar es incompatible con la resolución de los problemas.

RUPTURA DEL PACTO CONSTITUCIONAL 

Los firmantes de la carta consideran que la sentencia del TC contra el Estatut supuso "la ruptura del pacto constitucional de 1978" y argumentan que posteriormente el Govern propuso un pacto fiscal y una consulta no vinculante y que recibieron una respuesta negativa.

El envío de la carta coincide con la visita de Rajoy a Catalunya, que presidirá este viernes la Junta Directiva Regional del PP catalán y en la que previsiblemente trasladará un mensaje de apoyo a los miembros del partido un día después del inicio de la campaña por el 'sí' en el referéndum del 1 de octubre.

Los firmantes de la carta han justificado el envío al Rey para que "entienda que no dialogar es incompatible con la resolución de los problemas".

Por su parte, el Ejecutivo central ya ha asegurado que el referéndum no se puede negociar porque es un acto declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.